El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, anunció la tarde de este lunes la fase IV del Plan Antievasión y el Plan Anticontrabando, que contienen más acciones para garantizar que realmente lleguen al Estado los impuestos que los ciudadanos pagan cuando compran bienes y servicios o cuando se importan productos que luego se comercializan en el país.
Como un mecanismo novedoso para lograr el pago puntual y completo de los impuestos y las obligaciones laborales, el Ministerio de Hacienda presentará a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma del artículo 219 del Código Tributario para garantizar, además, que las empresas paguen las cuotas laborales de sus trabajadores y que no se apropien de esos fondos, como sucedió en el pasado con casos en los que estuvieron involucrados exfuncionarios de ARENA y del FMLN.
La reforma propuesta no solo garantiza el pago de impuestos, sino también que los trabajadores reciban lo justo, puesto que se prohibirá emitir solvencia tributaria a los que tengan deudas de cuotas patronales, ya sean estas cotizaciones al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) o a las administradoras de fondos de pensiones (AFP). En la actualidad, la ley solo establece como requisito para obtener la solvencia tributaria el no tener declaraciones de impuestos pendientes.
No es un tema menor. De acuerdo con los registros del Ministerio de Trabajo, más de 100,000 trabajadores salvadoreños han sido afectados por sus patronos porque estos se quedaron con sus cuotas laborales, lo que les ha impedido jubilarse en el tiempo que les correspondía. Es decir, tienen el tiempo requerido por la ley para retirarse, de sus salarios se han descontado los fondos para garantizar el pago de sus pensiones, pero los patronos para los que trabajaban se apoderaron de las cotizaciones.
En los gobiernos pasados, este robo de los fondos de los trabajadores solo era considerado una falta administrativa, pero ahora quienes cometan estas acciones se enfrentan a un delito penal calificado como apropiación de cuotas laborales.
El propósito del Gobierno del presidente Nayib Bukele es combatir la evasión fiscal, pero también proteger a los trabajadores. Los planes implementados por el Ejecutivo han permitido aumentar los ingresos sin tener que modificar los impuestos, además que garantizan un trato justo para todos los contribuyentes.
Economistas nacionales críticos del Gobierno han reconocido que las políticas fiscales han sido exitosas, un logro que también ha sido destacado ampliamente por la última misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó El Salvador.