La Defensoría del Consumidor también ha alzado la voz en torno a los trágicos sucesos ocurridos la noche del sábado en el estadio Cuscatlán, en el maraco del juego entre Alianza y FAS por la vuelta de la fase de cuartos de final del Torneo Clausura 2023 de la Liga Mayor de Fútbol y hará gestiones para que los aficionados reciban el reembolso de sus entradas.
«La Defensoría del Consumidor lamenta los hechos acaecidos el pasado sábado en el estadio Cuscatlán y se solidariza con las víctimas y sus familiares, al tiempo que informa a la ciudadanía que activó los mecanismos de gestión de un caso colectivo para resguardar los derechos de las personas consumidoras», reza el comunicado en su parte inicial.
En el comunicado se detalla además, que se ha girado comunicación al presidente de Alianza, Pedro David Hernández Fuentes, para hacer de su conocimiento que la Defensoría del Consumidor inició de oficio la tramitación de una acción de carácter colectivo en representación de los derechos e intereses de los consumidores afectados por la suspensión del partido de semifinales entre Alianza y Club Deportivo FAS, que estaba programado para realizarse el día 20 de mayo de 2023, y que fue suspendido con el resto de partidos programados por la Federación Salvadoreña de Futbol.
«La Defensoría del Consumidor en cumplimiento de sus facultades, de conformidad con el art. 58 literal f) de la Ley de Protección al Consumidor (LPC), requirió esta tarde al Alianza, los informes necesarios para el cumplimiento de nuestras funciones, tales como el número de boletos emitidos y de boletos vendidos, en el cual se detalle la localidad adquirida y el precio, así como el detalle de los mecanismos de comercialización que fueron utilizados y la cantidad de boletos puestos a disposición de la afición salvadoreña, la presentación de una propuesta del mecanismo de devolución, en el cual se detallen las fechas y lugares y/o medios para su ejecución, y los medios donde se hará público el proceso de devolución», se explica en el comunicado.
La Defensoría del Consumidor, advierte, que negarse a entregar la información u obstaculizar las investigaciones constituyen infracción muy grave a la LPC (art. 44, literal f) sancionada con multa hasta de quinientos salarios mínimos mensuales urbanos en la industria (art. 47 de la LPC).
