Mientras organizaciones internacionales con presencia hemisférica y global se pronuncian contra las medidas implementadas por el Estado salvadoreño para perseguir a delincuentes juveniles, no dicen nada sobre el drama que viven millares de niños en la frontera de Estados Unidos con México.
La nueva Asamblea Legislativa, por iniciativa del Gobierno del presidente Nayib Bukele, elevó las penas para los menores de edad que se involucren en delitos graves, que llegarán a 20 años de cárcel cuando se trate de mayores de 16 años, y de 10 años de prisión para los pandilleros desde 12 años en adelante. No se trata de «encarcelar niños» como han sostenido algunas de estas ONG y entidades supranacionales, sino de evitar que las pandillas continúen con lo que han hecho por décadas: usar a menores de edad para cometer crímenes. Esta práctica ha generado que los pandilleros juveniles sean más sanguinarios que los delincuentes de mayor edad y que representen un peligro para la sociedad.
Sin embargo, en la frontera sur de Estados Unidos hay niños que jamás han cometido un crimen y que han denunciado maltrato de las autoridades migratorias estadounidenses. De acuerdo con el grupo humanitario Americans for Immigrant Justice (AI Justice), el 70 % de los menores de edad a los que entrevistó denunció haber sufrido maltratos cuando estaba en custodia de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Entre los maltratos denunciados, de acuerdo con el informe de AI Justice, están detención excesiva, abuso verbal y físico, privación de atención médica, carencia de alimentos y agua, temperaturas bajas sin permitirles el acceso a mantas y la separación de sus familias.
«AI Justice y otras organizaciones vienen denunciando abusos y trato atroz hacia niños migrantes a manos de la CBP durante años, pero nada ha cambiado», denunció a la agencia de noticias AFP Jennifer Anzardo Valdés, directora del Programa Legal para Niños de AI Justice.
¿Cuál es la explicación para que una de las grandes potencias del mundo cometa abusos contra niños cuyo único crimen es buscar un nuevo lugar donde vivir? No estamos hablando de restricciones contra delincuentes, sino de niños que buscan un mejor futuro o que tratan de reencontrarse con sus familias que migraron antes que ellos. En este sentido, las preocupaciones de las ONG dedicadas supuestamente a la defensa de los derechos humanos no se han escuchado, o ¿será acaso que su silencio es una manera de validar esta situación?
