Se suele decir que el agua es fuente de vida, lo sabemos, es obvio, sobre todo cuando la tenemos a la mano, cuando la necesitamos para beber, para preparar los alimentos, bañarnos, limpiar nuestra casa, lavar, regar nuestro jardín, dar de beber a nuestras mascotas y en un sinfín de circunstancias vitales, independientemente del lugar donde vivamos y de las costumbres que tengamos.
Sin embargo, el acceso y uso del agua no es igual para todos. En las zonas rurales son las mujeres y los niños quienes garantizan el agua de sus hogares. Acarrear el agua es algo que les toca y saben dónde encontrarla, conocen sus fuentes, la calidad y la potabilidad, y por eso controlan su uso, saben cómo reciclarla y tienen múltiples estrategias para protegerla de la contaminación. Siendo responsables casi exclusivas del trabajo del cuidado, las mujeres son las que más se relacionan con el agua, con su uso, higiene y preservación. No es casual, por ello, que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 6, esté orientado a garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
En nuestro país, según la ANDA, más del 8.7 % de la población no tiene acceso alguno al agua potable, y de este, el 99 % reside en las zonas rurales, lo cual ha generado una sobreexplotación de los pocos manantiales que nos quedan. Durante la pandemia, fue evidente la dependencia del agua para la higiene que se exigía y la vulnerabilidad en que quedaron estos hogares ante su ausencia.
Recientemente conocimos de la iniciativa ejecutiva para que se apruebe una ley del agua, largamente esperada. Diversos sectores sociales han trabajado en varios anteproyectos de esta ley consultando a las comunidades que más han sufrido su escasez. Miles de mujeres se han movilizado a lo largo de estos 20 años buscando sensibilizar a los partidos políticos para que aprobaran una ley que les beneficie en su labor reproductiva y de los cuidados. Hasta ahora, su ceguera y sordera impidió que llegaran a un consenso sobre el agua como un derecho humano porque es fuente de vida y manantial de salud.
La ley del agua enviada por el Órgano Ejecutivo para que sea aprobada por la Asamblea Legislativa reconoce el agua como un derecho humano y como un bien nacional de uso público, pero deja fuera la participación de las comunidades en su gestión y administración. Es decir, la ley sigue siendo sorda y ciega con respecto a la demanda femenina de participar en las decisiones que les competen a las mujeres por su papel en la vida reproductiva de sus hogares y familias.
En la comisión «ad hoc» legislativa, encargada de estudiar la propuesta, hay cuatro diputadas, una de ellas es la presidenta de la comisión. Apelamos a su sensibilidad en favor de los derechos de las mujeres para que le abran paso a esta demanda: las mujeres son garantes sociales de la protección, conservación y recuperación del agua y tienen opinión fundamentada de cómo lograrlo. ¡Escuchémoslas!
