Antes y durante su mandato presidencial, Mauricio Funes y su cerrado círculo de colaboradores tuvieron clara la intención de saquear al Estado aprovechándose de que tenían el poder y que nadie estaba sobre ellos para detener su plan quinquenal de corrupción. Así ha establecido hasta el momento la Fiscalía la acusación en contra de 10 procesados por cuatro delitos.
Ese antes, el ministerio público lo comprueba con la declaración que por dos semanas rindió el exsecretario privado de Funes, Francisco Cáceres, quien llegó a decir al juicio que, en la etapa de transición —es decir, antes de tomar posesión—, Funes consultó y se reunió con el expresidente Elías Antonio Saca (condenado a 10 años por corrupción) para que lo orientara sobre los mecanismos de apropiación de fondos y todas las artimañas.
Saca y su secretario privado, Élmer Charlaix, sin rodeos le dijeron a Funes que la clave eran los gastos reservados clasificados en el específico 54315, convertidos en un proveedor ficticio denominado «gastos operativos de la presidencia de la república».
Además, la Cuenta Corriente Subsidiaria Institucional del Tesoro Público de la Presidencia de la República era la llave porque serviría para ser la receptora de los fondos que llegarían desde el Ministerio de Hacienda.
Un informe presupuestario y financiero menciona que, bajo gastos reservados en el período del 1.º de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014, hubo una solicitud de recursos para reforzar ese rubro, ya sea directamente o posterior, mediante modificaciones a la Programación de la Ejecución Presupuestaria (PEP) de la presidencia de la república.
En el juicio se ha establecido la triangulación para el traslado de fondos desde la Cuenta Única del Tesoro del Ministerio de Hacienda hacia la Cuenta Corriente Subsidiaria Institucional del Tesoro Público de la Presidencia de la República, y posteriormente se emitieron cheques a favor del proveedor ficticio «gastos operativos de la presidencia de la república».
Ese mecanismo sirvió para que se sustrajeran los fondos de las cuentas oficiales y del patrimonio del Estado de El Salvador a través de 357 cheques por un monto de $349,035,400.49 y depositados en siete cuentas a nombre de Francisco Rodríguez Arteaga y dos cheques por $2 millones depositados en una cuenta de Pablo Gómez. Las ocho cuentas fueron abiertas por los dos exempleados de Casa Presidencial en el Banco Hipotecario.
Peritajes presentados por la Fiscalía General de la República y expuestos al Tribunal Primero de Sentencia por los expertos que los elaboraron evidencian que esas cuentas bancarias no corresponden a cuentas oficiales de la presidencia de la república y que no hay ningún documento que acredite que fueron autorizadas por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.
De ahí que los peritos han concluido que el Banco Hipotecario favoreció a Funes y a su red para que se apropiara de los $351,035,400.49 transferidos a las cuentas de Rodríguez Arteaga, quien era el jefe de la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia de la República, y de Pablo Gómez, que se desempeñaba nominal y funcionalmente como asistente técnico financiero.
Es decir, el Banco Hipotecario dirigido por Manuel Rivera Castro, quien fue nombrado por Funes como presidente de esa entidad, y otros exfuncionarios que pasaron por ese institución ayudaron a que el exmandatario prófugo se apropiara del 52 % de los fondos asignados en el presupuesto de la presidencia de la república entre 2009 y 2014, el cual ascendió a $677,418,176.76.
