Al finalizar el juicio de procedimiento abreviado por la corrupción en el diseño, construcción y equipamiento de los hospitales Santa Gertrudis, en San Vicente, y San Pedro, Usulután, la Fiscalía solicitó que el exministro de Salud, Guillermo Maza y otros cinco imputados, sean condenados a penas tres años de prisión y pagos de diversas cantidades de dinero en concepto de responsabilidad civil.
Maza negoció con la Fiscalía que la condena de tres años por el delito de negociaciones ilícitas, le sea reemplazada por trabajo de utilidad pública y pagar $100,000 en concepto de responsabilidad civil.
Los otros imputados que admitieron los delitos de estafa agravada y falsedad ideológica a cambio de una condena de tres años son: César Rolando García Herrera, quien además pagará $50,000, Ricardo Alberto Barrera, José Ladislao López Paz, y Rolando Alberto Choriego Echeverría, quienes cancelarán $5,000 y en el caso de Juan Antonio Miranda Morales, la Fiscalía pidió que la responsabilidad sea abstracto, es decir que el tribunal no se pronuncie al respecto y se deja la posibilidad de acudir a un juzgado de lo civil para exigir una cuantía.
En el caso de los procesados, Guillermo Rafael Alfaro y Arturo Ernesto López Mejía, quienes fueron enjuiciados bajo un proceso penal ordinario, el ministerio público solicitó ocho años de cárcel por los delitos de estafa y falsedad ideológica y el pago de responsabilidad civil.
A Wilfredo Aponte Cuéllar, el proceso le fue suspendido por problemas de salud a espera de exámenes de Medicina Legal para definir su situación jurídica, mientras que el guatemalteco, Manuel Eduardo Coronado Paíz, fue separado del proceso por problemas de salud.
Al finalizar el juicio, los fiscales del caso dijeron al tribunal que todos los imputados tuvieron conocimiento y actuaron con dolo para afectar al Estado a través de la información falsa que insertaron en documentos diversos y permitir que se causara un perjuicio económico.
La reconstrucción y equipamiento de los hospitales Santa Gertrudis, en San Vicente, y San Pedro, en Usulután, ocasionó un perjuicio económico de $5.1 millones al Estado.