El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador comenzó el juicio por el delito de lavado de dinero a siete miembros de la familia Flores Batres, señalados por la Fiscalía General de la República de blanquear $10 millones.
Se trata de una nueva vista pública ordenada por la Cámara Tercera de lo Penal ya que el ministerio público apeló la absolución que el 1 de septiembre de 2022 emitió el Tribunal Tercero de Sentencia.
Los magistrados del tribunal superior le dieron la razón a la Fiscalía argumentando que los jueces no fundamentaron debidamente la sentencia y que, además, violaron las reglas de la sana crítica al valorar erróneamente la prueba.
Los procesados son: Jaime Adalberto Flores Batres, Sonia Maricel Amaya Márquez, Sandra Yasmín Flores de Salvador, Rosa Delmy Amaya Márquez, Rosa Batres viuda de Flores, María Brígida Márquez y Jesús Anabel Batres.
Según la acusación, el caso comenzó a ser indagado el 5 de julio del 2012, cuando Jaime Adalberto Flores Batres y Sonia Maricel Amaya Márquez, fueron intervenidos por agentes antinarcóticos en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ambos viajaban hacia Lima, Perú, con $196,500.
«Ellos adquirieron una serie de productos financieros como eran depósitos a plazo fijo, aperturas de cuentas; también adquirieron inmuebles y vehículos producto del lavado de dinero», dijo uno de los fiscales.
Según el representante del ministerio púbico, el principal acusado es Jaime Adalberto Flores Batres, quien como coartada planteó que en Perú tenía una empresa y justificó que por eso movió fuertes cantidades de dinero.
El imputado ha manifestado que en el país sudamericano había constituido una empresa constructora de apartamentos. Probó la existencia de la sociedad, pero no presentó registros contables y tampoco justificó los millones de dólares que hizo transitar en el sistema financiero.
Señala la Fiscalía que para movilizar ese dinero su grupo familiar le ayudó efectuando transacciones de dinero entre el 2001 al 2015.