Este martes, el Gobierno de El Salvador, mediante el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, lanzó una iniciativa que permitirá establecer un marco de atención y protección para la diáspora salvadoreña, para las personas en condiciones de vulnerabilidad, que se encuentran en tránsito en el exterior, y para solicitantes de refugio en el país, que se titula «Política de Movilidad Humana.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, fue la encargada de presidir el lanzamiento de la iniciativa que contribuirá a la prevención de la migración irregular en El Salvador, bajo la lupa del cumplimiento de los derechos humanos.
«El Salvador, como país precursor en la aplicación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, tiene como una prioridad la promoción del cumplimiento de este y otros compromisos en materia de movilidad humana», declaró la viceministra Portal.
La Política de Movilidad Humana forma parte del Plan Cuscatlán, iniciativa del presidente Nayib Bukele, que consta de ocho ejes transversales. Este proyecto de movilidad humana se suma a los «cambios institucionales y programáticos resultantes y la creación de un mecanismo de gobernanza que representa un paso fundamental para proteger y promover los derechos de la población migrante», según estableció la viceministra.
El viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana ha trabajado de la mano con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) para garantizar el bienestar de las personas migrantes y de la sociedad, según explicó el jefe de misión de la OIM, Nicola Graviano.
«La política es un esfuerzo que llevamos a cabo desde hace dos años, hemos estado apoyando desde el punto de vista técnico. Se ha construido un documento holístico comprensivo, que pueda mejorar la gobernanza migratoria en El Salvador», expresó Graviano.
El jefe de misión también destacó la cooperación con instituciones públicas, sociedad civil, academia y organizaciones de la diáspora, que también participaron en el desarrollo de la política.
