Ayer, la casa encuestadora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), reveló que el 91 % de los salvadoreños se siente muy seguro, atribuyéndolo a la reducción significativa de la delincuencia, los patrullajes de la Policía y del Ejército y a la ausencia de pandillas. En definitiva, los ciudadanos están muy contentos con el régimen de excepción y el Plan Control Territorial.
Además, el 94.5 % dijo no haber sido víctima directa de robo o extorsión durante el año anterior, un argumento más que refuerza el éxito de las políticas de seguridad del presidente Nayib Bukele, porque es una prueba tangible de que el país realmente es más seguro y que los criminales están de verdad en la cárcel, donde se encuentran incomunicados y purgando verdaderamente las penas por los delitos que cometieron.
A pesar de esta innegable y contundente realidad, en la oposición siguen promoviendo la idea de que el régimen de excepción es dañino para la población e incluso diputados de ARENA se atreven a decir que promoverán enviar a prisión al presidente Bukele por la «violación de derechos humanos».
Nunca en la historia de El Salvador los ciudadanos vivieron con total seguridad como ahora sucede con el presidente Bukele. Los éxitos en esta materia trascienden fronteras e inspiran a muchos políticos para tratar de emular las políticas impulsadas por el gobernante.
No es un trabajo sencillo, sino que implica una serie de aspectos que deben funcionar de manera sincronizada y coordinada. Se basa en la decisión, valiente y determinada, de enfrentar a las mafias criminales, sin importar las consecuencias, para que el Estado recupere los territorios.
Esos espacios que ARENA-FMLN les cedieron a las pandillas deben ser llenados con los servicios y las atenciones de las instituciones públicas, así como con programas para el desarrollo de los jóvenes. Además, este Gobierno, como ningún otro antes, ha hecho una histórica inversión en infraestructura pública —como calles, carreteras, pasos a desnivel y puentes—, con la que también busca mejorar las condiciones de vida de la población.
Otro componente importante es contar con una Asamblea Legislativa comprometida con las leyes necesarias para que los mareros no vuelvan a salir de prisión, así como jueces, fiscales, policías y militares que trabajen para erradicar la delincuencia.
Parte fundamental ha sido el control, el orden y la disciplina impuestos por el Estado en los centros penales, otrora feudos de las pandillas, debido a las acciones de políticos corruptos.