El Juzgado Sexto de Instrucción citó al expresidente prófugo, Salvador Sánchez Cerén y otros exfuncionarios de su gobierno para informarles de los delitos que se les acusa: lavado de dinero y activos y peculado, por un monto de $183 millones provenientes del Estado.
La diligencia es un proceso formal y los reos citados tienen calidad de ausentes. A parte del exmandatario Sánchez Cerén, fueron citados José Manuel Melgar Henríquez, exsecretario privado de la presidencia; Edgar Lizama Rivera, jefe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE); Carlos Ernesto Guerrero Ventura, gerente financiero institucional; José Armando Escobar Barillas, jefe de presupuesto de la presidencia.
Además, William Oswaldo Vaquero León, yerno de Sánchez Cerén y colaborador en el Estado Mayor Presidencial (EMP); Carlos Guardado, seguridad del expresidente Cerén y propietario del taller Box car; Arturo Gilberto Alvarado, jefe del EMP; Gregorio Abarca Palacios, empleado del OIE; Carlos Armando Miranda Díaz, pagador auxiliar del EMP, y José Saúl Osorio Rodríguez, empleado del EMP y refrendario de cuentas.
Los imputados no se presentaron a la diligencia del referido Juzgado.
Las investigaciones de la Fiscalía detallan que durante la administración Sánchez Cerén (2014-2019) se armó una compleja red de corrupción donde se transferían fuertes cantidades de dinero a personas particulares y empresas de la partida de fondos reservados de la presidencia, sin justificación o control alguno.
Los informes dan cuenta que los fondos fueron desviados mediante la emisión de cheques de la Cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Púbico hacia seis cuentas bancarias no autorizadas por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, cuyos titulares eran empleados de la presidencia.
Una vez depositados los fondos en las referidas cuentas, sus titulares dispusieron libremente de los mismos sin ningún tipo de control. Luego, emitieron cheques a favor de empleados de la presidencia, y fueron cobrados en efectivo por un monto de $152, 985,170.69.
De igual manera, se emitieron cheques a favor de proveedores a pesar de no existir ninguna relación comercial con la Presidencia de la República, entre estos destacan los talleres de servicios de mantenimiento de vehículos denominados taller Box Car y taller Frenos y Más, a quienes se les realizaron pagos por la cantidad de $969,499.57 y $1,201,453.81, respectivamente.
También, se pagaron complementos salariales a empleados del Estado Mayor Presidencial por un monto de $3,303,756.00. Algunos de los que recibieron dichos complementos eran familiares del propio expresidente Sánchez Cerén.