En 1998, la Asociación de Promoción, Capacitación y Desarrollo (Procades) comenzó a estafar a 306 familias que querían legalizar sus propiedades, y pasaron 23 años para revertir el daño que ocasionó a 245 de ese grupo, así se cumple el refrán popular «la justicia tarda, pero no olvida, y termina llegando».
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, explicó en detalle cómo dicha asociación estafó por partida doble tanto al Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) como a cientos de familias salvadoreñas.
En su funcionamiento, el Fondo puede colocar dinero en agentes bancarios de segunda línea, como las cajas de crédito y asociaciones que desarrollan proyectos habitacionales. Según la ministra Sol, Procades recibió en 1998 más de $5.3 millones de Fonavipo, en su equivalente en colones, con el objetivo de ofertar lotes para viviendas con flexibilidad crediticia.
Procades debía devolver a Fonavipo los fondos recibidos conforme a los acuerdos firmados, además de vender los terrenos y escriturarlos. Los proyectos habitacionales totalizaron 306 lotes, distribuidos en 12 municipios a escala nacional. La ministra enfatizó que esa estrategia fue la primera señal de alarma que las autoridades de la época en Fonavipo debieron atender.
«Procades no se quiso arriesgar. Ellos sabían lo que iban a hacer; por eso no ofertaron todos los terrenos en un mismo lugar, sino que colocaron unos pocos en un lugar y otros tantos en más municipios», explicó la ministra.
El proceso por la estafa de Procades se judicializó y finalmente los tribunales fallaron a favor de Fonavipo para que embargara la totalidad de terrenos en pago por el dinero no recibido. El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ventiló la etapa judicial, y un Juzgado de lo Mercantil emitió la sentencia de embargo a favor de Fonavipo.
Michelle Sol detalló que en los gobiernos anteriores, de forma maliciosa, solo se le resolvió su inseguridad jurídica a 61 familias estafadas por la asociación, y 245 quedaron en el limbo.
El caso que se debía seguir consistía en que Fonavipo entregara en calidad de donación a favor de las familias afectadas los terrenos embargados a Procades; pero, según explicó la ministra Sol, esto no es una potestad de la institución y se requiere de que la Asamblea Legislativa apruebe una disposición especial para autorizar la donación.
Con la nueva Asamblea Legislativa se aceleró el proceso, que finalmente fue aprobado por unanimidad. «Ahora ya estamos en la parte final. Ya estamos trabajando las escrituras de estas familias para que puedan tener esa tranquilidad de que los terrenos son suyos y son legales», afirmó.
Sol puntualizó que la culminación del caso Procades marca un importante precedente para atender más casos de estafa inmobiliaria.
«Le puedo mencionar muchos casos que hemos encontrado. Tenemos la cooperativa Normandía [en Usulután], donde un alcalde, un juez y personal del antiguo Centro Nacional de Registros confabularon para librar hasta tres escrituras sobre una misma propiedad», ejemplificó.
La titular de Vivienda no descarta que en Fonavipo y el extinto Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano existió un entramado de corrupción con exfuncionarios que se prestaron para afectar severamente a miles de familias salvadoreñas que no recibieron la legalidad de su vivienda o terrenos.
«Cuando nosotros llegamos empezamos a revisar toda la documentación, y tenemos registrado que más o menos 350,000 familias están en incerteza jurídica por las malas administraciones que hubo», subrayó. Mencionó que el presidente Nayib Bukele ha pedido expresamente que se brinde atención a las familias que han sido víctimas de estafas inmobiliarias.
«El presidente nos ha dicho que debemos trabajar para que estas familias puedan legalizar sus terrenos, y nuestros equipos técnicos ya están haciendo todo para que solventemos estos casos», acotó.
Para Michelle Sol, es sospechoso que las diferentes gestiones de las carteras de Vivienda no hayan encendido sus alarmas con casos como el de Procades, en el que una institución terminó estafando con fondos públicos. «A mí me sorprende que no investigaron si veían que las familias se quedaban sin su dinero y sin recibir los terrenos. Lo peor, que Procades, por ejemplo, no devolvía el dinero que les prestaron desde Fonavipo», apuntó.
Actualmente, el Fondo audita la totalidad de los recursos que se colocan en agentes económicos de segunda línea durante administraciones anteriores.
