Como en toda acción pública, los detalles más pequeños hacen eco en la lectura posterior del hecho, tal es el caso de la marcha protagonizada por los partidos opositores al Gobierno del presidente Nayib Bukele, donde exigieron la liberación de exfuncionarios del FMLN, procesados por diferentes delitos derivados a la corrupción.
En julio del corriente año, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a exfuncionarios del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) por haber recibido sobresueldos de hasta $565,000 entre 2009 y 2014.
La Fiscalía General de la República aseguró que los capturados no solo recibieron sobresueldos de entre $174,000 y $565,000, sino que algunos propiciaron transferencias de fondos sin autorizaciones de la Asamblea.
Los ahora procesados son la exalcaldesa de San Salvador y exministra de Salud, Violeta Menjívar; la exviceministra de Ciencia y Tecnología Erlinda Hándal; el exviceministro de Agricultura Hugo Flores; el exdiputado Calixto Mejía, y el exministro de Hacienda Carlos Cáceres.
Además, se encuentran en calidad de prófugos el expresidente Salvador Sánchez Cerén, el exministro de Obras Públicas Gerson Martínez (Manuel Orlando Quinteros, nombre real), la exministra de Medio Ambiente Lina Pohl y el exministro de Agricultura José Guillermo López Suárez, sin olvidar el caso del expresidente de la Asamblea Sigfrido Reyes.
Estos exfuncionarios se recetaron jugosos sobresueldos que duplicaban o triplicaban su salario nominal, mientras los salvadoreños pasaban por situaciones de hambre y pobreza extrema.
El absurdo posible se materializó en las últimas protestas «pacíficas», donde de manera descarada los activistas hermanos gemelos FMLN y ARENA pedían la libertad de los procesados, así como también calificaron estos hechos de persecución política.
Sin embargo, estas personas no solo se aprovecharon descaradamente de los recursos económicos del Estado, sino que también las acciones positivas de sus gestiones fueron pocas o nulas.
Desde la llegada de los gobiernos del FMLN, iniciando por el presidente de ese entonces, Mauricio Funes, quien prometía cambiar el sistema económico y cambiar la forma de gobernanza, resultó peor que los últimos 20 años de gobierno de su gemelo político, ARENA.
Solo Funes les robó al Estado y al pueblo salvadoreño más de $350 millones.
En una de las pancartas de la fracasada marcha se leía «88 días sin Violeta». Sin embargo, cuando les consultaban a las personas por qué cargaban esa pancarta, no sabían qué responder.
Estos exfuncionarios no solo engañaron al pueblo, sino que resultaron peor a lo que por años denunciaban, a tal grado que los más «vivos» huyeron antes del tiempo, uno de ellos hasta se nacionalizó nicaragüense en tiempo exprés, en cuestión de días: Salvador Sánchez Céren.
Fue obviamente claro que los intereses de la marcha eran desinformar a la gente, la engañaron. Y cayeron en su juego, el de defender a los corruptos, prófugos y asilados.