Han transcurrido más de cuatro meses desde que el presidente de la república, Nayib Bukele, ordenó que se instalara un cerco de seguridad conformado con 3,500 soldados y 500 policías para proteger la vida y garantizar la seguridad de todos los habitantes de las colonias Popotlán y Valle Verde, situadas en el municipio de Apopa donde residen más de 131,000 personas.
El gobernante advirtió a través de sus redes sociales que no permitirá que los criminales se vuelvan a reagrupar. «No permitiremos que pequeños remanentes se reagrupen y nos quiten la paz que tanto nos ha costado», expresó el 11 de octubre de 2023.
La más reciente captura reportada por las autoridades ocurrió el 6 de enero en Popotlán, donde fue interceptado Irvin Fabricio Hernández López, alias Scrapy, perfilado como gatillero (sicario) de la pandilla. Es señalado por la Policía de tener puntos de asalto y de extorsionar a comerciantes.
La PNC, con apoyo de la Fuerza Armada, mantienen controles vehiculares para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público que viajan en la ruta 38-C, la cual hace recorrido entre el centro de San Salvador y Valle Verde.
Agentes policiales también continúan revisando que las viviendas no estén usurpadas por pandilleros y sus colaboradores, pues verifican que quienes las habitan sean los dueños, y que no sean utilizadas para dar refugio a delincuentes o que resguarden droga o armas.
Gracias a este clima de seguridad, los ciudadanos junto a organizaciones han unido esfuerzos para realizar actividades que favorecen a toda la comunidad, tal como ha sucedido con una ciclovía que se instala los fines de semana en la zona, donde chicos y grandes disfrutan junto a sus familias.
La disputa territorial que mantenían las pandillas le costó la vida a muchos ciudadanos inocentes que nada tenían que ver con esta rivalidad. En la década que el FMLN gobernó el país (2009-2019), los mareros actuaron con total impunidad en Popotlán y Valle Verde.
Para el 2013, la violencia homicida de las pandillas ubicó a Apopa en el listado de los diez municipios más golpeados por la violencia homicida de las maras; para ese momento, San Salvador, San Martín, Soyapango, Ilopango, Mejicanos, Panchimalco y Colón (La Libertad) eran otros municipios que sufrieron los embates de los grupos terroristas.
Algunos de estos municipios formaron parte de los 11 que el gobierno de Mauricio Funes entregó a las pandillas y que denominaron «santuarios» donde les garantizaban a los mareros que no serían perseguidos por la Policía.