El 2014, por mucho, fue uno de los años más críticos en el tema de violencia que vivió El Salvador, con un promedio de muertes por hechos violentos que llegó hasta las 60 por cada 100,000 habitantes.
Esta cifra se había incrementado con respecto a 2013, cuando se tabularon hasta 40 asesinatos. También 2014 marcó la última elección presidencial que llevó a una segunda ronda electoral para definir al mandatario que gobernaría por cinco años y lidiaría con las muertes que los grupos criminales dejaban día con día.
ARENA buscaba recuperar la batuta del Ejecutivo, perdida en 2009 a manos su ahora aliado FMLN, y la apuesta caía sobre Norman Quijano, quien tenía una hoja de vida política amplia y sobrada: había sido diputado por varios períodos y alcalde de San Salvador.
El discurso público de Quijano se centraba en decir que él sí sabía qué hacer, y la población lo sabía (también).
«Los criminales imponen su ley en los barrios, en las colonias», argumentaba el candidato tricolor.
Quijano ofrecía en campaña que los primeros 100 días de su gobierno serían trascendentales para atender los problemas que aquejaban a la población.
«Soluciones: 100 días» fue su estrategia para conquistar a los votantes. «Me niego a andar en vehículos de lujo mientras nuestros hermanos son asesinados en las calles», expresó el aspirante a la silla presidencial en un spot televisivo de 2014.
Dijo que iba a subastar más de 100 carros de lujo asignados a la presidencia, y que la residencia presidencial sería usada para dar habitación a personas con necesidad.
El discurso sobre la seguridad que manejó Norman Quijano enfatizaba que las cárceles serían lo que deben ser.
«Los delincuentes ya no podrán hacerles daño, no más celulares ni computadoras para extorsionar», dijo.
Pero incluso antes de poder llegar a la presidencia ya había roto el «pacto con el pueblo» y establecido uno nuevo, pero con las pandillas.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha intentado, sin lograrlo hasta ahora, enjuiciar a Quijano.
En 2020 peticionó a la Asamblea Legislativa retirarle el fuero que le otorgaba su cargo como diputado del partido ARENA en el departamento de San Salvador.
La acusación incluía los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral por presuntamente negociar beneficios con líderes de pandillas en 2014.
Lo negociado con grupos criminales incluía $100 millones que serían erogados del presupuesto general de la nación 2015, la eliminación de los centros penitenciarios en Chalatenango y La Unión, la reducción de la operatividad de la Policía Nacional Civil y el consenso de que el nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública sería un exmilitante del FMLN: Facundo Guardado.
Esos beneficios ofrecidos a las pandillas superaban por mucho las promesas de campaña que Quijano sostenía en público ante la población, y aquel discurso rimbombante de «erradicaremos a los pandilleros» era auténtica falacia.
Año y medio después de la primera petición fiscal para procesarlo, ya con una nueva Asamblea Legislativa y un nuevo fiscal general, la solicitud volvió a llegar, pero esta vez avanzó a paso veloz.
La bancada de Nuevas Ideas la recibió y comenzó con la creación de una comisión especial que dirima si existe formación de causa para el desafuero de Quijano, quien es diputado del Parlacen.
El proceso continuará cuando la Procuraduría General de la República le asigne defensor.