La oposición ha demostrado que no tienen ninguna intención de apoyar a la población salvadoreña que sufre los embates de la delincuencia generada por los pandilleros.
El director de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, ha sostenido que, aunque un pandillero tenga un amplio récord delictivo, no puede ni debe ser maltratado.
«Independientemente que sea el pandillero más malo, puede ser la persona más perversa del mundo, pero no se le puede tratar como un animal, aunque él haya tratado a personas como animales», sostuvo Escobar.
El abogado se basó en que no pueden exigirse actos de venganza.
«Como ciudadanos no podemos estar a favor de que se trate a un pandillero de esta manera, aunque sea el más malo de los malos», añadió.
La excandidata a diputada por el PDC Sulen Ayala hizo la misma aseveración que Escobar, y mostró una postura de defensa a las pandillas.
«Hasta el más burdo delincuente tiene derecho a un debido proceso y a que se le respete un mínimo de decoro y decencia cuando está guardando prisión», afirmó.
El actual diputado del partido ARENA Ricardo Godoy es otra de las voces que muestra algún grado de benevolencia con los pandilleros, y mencionó que el repunte de violencia sucedido entre el 25 y 27 de marzo fue prácticamente normal.
Godoy afirmó que los 62 asesinatos se encuentran dentro de los «estándares normales», y aseveró inclusive que durante la actual gestión se han tenido otros repuntes.
La administración del presidente Nayib Bukele ha tenido varios días sin reportar ningún homicidio, y la reducción de otros delitos también ha sido significativa, según las autoridades.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), por medio de su oficina en Latinoamérica, publicó un breve comunicado en el que afirma que la prisión para menores de edad relacionados con las pandillas no debería formar parte de una solución real.
La Asamblea avaló reformas para que los menores de entre 12 y 16 años que formen parte de grupos criminales reciban penas de prisión como las que se aplican a los adultos, con el fin de frenar la operatividad de los grupos delictivos en el territorio.
