Fue al final del siglo XX y comienzos del XXI cuando Ecuador tuvo la connotación de ser país de tránsito para el embarque de drogas. Lo favoreció el cambio de la moneda oficial, el sucre, por el dólar, moneda fuerte que, si bien dinamizó el comercio internacional, facilitó actividades ilícitas, como el lavado de dinero. De acuerdo con el sitio web de análisis periodístico, Plan V, en 2020 se habrían lavado $3,458 millones; sin embargo, el general Patricio Carrillo, exministro del Gobierno del expresidente Moreno, en entrevista a este mismo medio dio la cifra de dinero lavado en $8,000 millones, el 8 % del PIB. No existe, sin embargo, en el país, como señala ese medio, ningún estudio que proporcione una cifra cercana del dinero que pasa del narcotráfico a la banca formal.
La ejecución del Plan Colombia, el proceso de los acuerdos de paz con las FARC, traspasaron más la frontera ecuatoriana que se volvió estratégica para la planificación y el sostenimiento de grupos guerrilleros como de disidentes. El ataque de las FF. MM. colombianas al campamento guerrillero de las FARC en Angostura en 2008 fue la muestra de la penetración de estos grupos; posteriormente, el asesinato de los periodistas de diario «El Comercio» a manos del frente Oliver Sinisterra, disidente de las FARC, evidenció la presencia en territorio ecuatoriano del grupo con mayor acceso a los fondos producto del narcotráfico. Es imposible entender lo que sucede sin relacionar el conflicto colombiano, los carteles colombo-mexicanos del narcotráfico y la influencia de una cultura narco que corrompe instituciones como el Poder Judicial, de acuerdo con lo revelado por el caso Metástasis; la Policía, que tendría entre sus mandos a narcogenerales, según la expresión del embajador de EE. UU., Michael Fitzpatrick, en diciembre de 2021; autoridades locales en fin, como el exgobernador de la provincia de Manabí, César Fernández.
A lo que hay que añadir el establecimiento de una política migratoria que permitió el ingreso al país de ciudadanos extranjeros, sin visa, con base en el concepto de ciudadanía universal, establecido en la Constitución de 2008. Esto habría permitido la presencia de miembros de los carteles mexicanos y albaneses. Y por la ausencia de una política carcelaria, con instalaciones saturadas, no solo por el aumento de detenidos, sino también por la lentitud de los trámites judiciales. Las principales cárceles fueron, como se recordará, el lugar de las espantosas masacres ocurridas entre 2021 y 2022 que evidenciaron la falta de control del Estado sobre estos recintos creados, supuestamente, para la rehabilitación de los privados de libertad. Los videos del interior de estas cárceles exhibidos por el actual Gobierno confirmaron lo que era un secreto a voces: desde ellas operaban como cuarteles generales los líderes de las pandillas, equipados con tecnología de punta, comodidades y protección asegurada.
De fondo, el problema central que permite la tormenta perfecta es el grado de pobreza social de grandes grupos de personas sin condiciones mínimas para vivir y cuyos jóvenes son utilizados como soldados de esta guerra. Son sitios donde el Estado no existe y las bandas ocupan su lugar. Por ello, frente a la potenciación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, la toma de medidas de control como la militarización de los puertos y la adquisición de tecnología de punta; la limpieza del sistema judicial; el fortalecimiento de unidades, como la Unidad de Análisis Financiero y Económico, es indispensable la reconstrucción del tejido social que es producto de un equipo multidisciplinario que incluye salud, educación, nutrición, que permita la inserción de estas personas en la sociedad.