El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Federico Anliker presentó ante la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de la nueva Asamblea Legislativa una ruta de trabajo para futuros proyectos y propuesta de ley.
La presentación inició con el proyecto del primer Asocio Público-Privado (APP) del país, en la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, que deberá pasar a aprobación de la Asamblea. Anliker resaltó que el Gobierno está trabajando de manera transparente y detalló que las dos fases que componen el proyecto son:
Financiamiento, diseño, ampliación, construcción, equipamiento, mejora del mantenimiento y operación de la infraestructura existente, para un plazo hasta de 15 años e incrementar carga actual de 26,000 a 52,000 toneladas métricas, como primera fase.
Financiamiento, diseño, construcción, equipamiento, mantenimiento y operación de una nueva terminal de carga, para un plazo de 20 años y un incremento de carga de 52,000 a 73,000 toneladas métricas como mínimo, como segunda fase.
«El activo siempre es del Estado, siempre es de CEPA y lo que estamos haciendo es explotando en el buen sentido de la palabra, consiguiendo un concesionario que tenga totalmente el expertise en el tema de la carga aérea para convertir a El Salvador en un hub logístico aéreo», Federico Anliker.
También, aclaró que los Asocio Público-Privado no son privatizaciones, no son contrataciones tradicionales de adquisición y no son acuerdos de cooperación entre el sector privado y sector público.
El segundo punto que abordó fue la propuesta de una nueva Ley Orgánica de CEPA (LOCEPA), ante la cual manifestó que es de suma importancia la modernización de la institución y actualizar las funciones de la autónoma (aeroportuarias, portuarias y ferrocarriles).
«La nueva ley deberá adecuarse al marco legal nacional e internacional vigente», Federico Anliker.
Una nueva ley permitiría actualizar las facultades que tiene la institución para invertir sus fondos en operaciones financieras que ofrezcan mayor rentabilidad; también se podría actualizar y delimitar la intervención del Ministerio de Obras Públicas en las actividades de la institución, de acuerdo con la normativa vigente a fin de agilizar los procedimientos administrativos.
La nueva ley facultaría a CEPA para establecer las tarifas que no están sujetas a regulación, es decir, delimitar las competencias para la elaboración y aprobación de tarifas por los servicios a cargo de la institución.
El tercer punto expuesto a la comisión fue la solicitud de exclusión para CEPA de la obligación de pago anual del 25 % en concepto de Retribución Fiscal sobre las utilidades.
Actualmente, CEPA está obligada a enterar al Ministerio de Hacienda el 25 % de sus utilidades obtenidas después de impuestos, en cumplimiento a lo estipulado en las Disposiciones Generales del Presupuesto, romano II – para Instituciones Oficiales Autónomas, emitidas por el Ministerio de Hacienda, desde el Decreto Legislativo publicado en Diario Oficial del 23 de diciembre de 1983.
Las justificaciones a la solicitud de exclusión de pago fueron que, a pesar de la carga relevante de impuesto y contribuciones, «CEPA ha cumplido y se encuentra solvente a la fecha».
CEPA asegura que tiene bajo su administración a empresas que operan con pérdidas las cuales generan un detrimento de sus recursos o disponibilidades lo que limita efectuar inversiones en infraestructura para modernizar y mejoras del servicio al usuario, tanto en sus puertos como aeropuertos.
A consecuencia de la pandemia por la COVID-19 CEPA obtuvo un resultado institucional con pérdida, generado principalmente por la reducción de ingresos.
Además, permitiría que CEPA cuente con los recursos y mejore su flujo de fondos para atender proyectos estratégicos de inversión en infraestructura y actualización de equipos de operación.