Desde marzo pasado está en vigencia el régimen de excepción que ha permitido la captura de más de 55,000 miembros de maras y pandillas en El Salvador, sin embargo, la oposición política interna y las ONG internacionales se han dedicado a atacar esa medida constitucional a pesar de los buenos resultados.
El último ataque contra el estado de excepción lo hicieron ayer las organizaciones nacionales en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que pertenece al sistema de protección de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En esa reunión la oposición se quejó de supuestos malos tratos y capturas ilegales de personas con el régimen de excepción, pero no se pronunció de la drástica reducción de homicidios gracias a la medida constitucional impulsada por el presidente de la república, Nayib Bukele.
«Es increíble como las “organizaciones de derechos humanos” atacan esta nueva realidad en El Salvador, al mismo tiempo que callan ante las masacres que los criminales continúan perpetrando en casi toda Latinoamérica. ¿Qué es lo que buscan? Nosotros seguimos…», señaló el presidente de la república.
La oposición política en la Asamblea Legislativa no ha dado sus votos para prorrogar el régimen de excepción, a pesar de que también ha sido útil para capturar a cabecillas de estructuras delincuenciales y decomisarles armas y droga.