La oposición política ha tratado de deslegitimar el trabajo del presidente de la república, Nayib Bukele, y el de su Gabinete de Gobierno; sin embargo, los resultados efectivos en las áreas sociales, como la seguridad, la educación y la salud, desvirtúan los señalamientos del bloque opositor.
Para el analista Mauricio Rodríguez, la oposición está encarnada en los partidos políticos, algunos medios de comunicación y organismos internacionales que juegan un rol «inoperante, ciego y torpe» al querer atacar al Gobierno Central a pesar del buen trabajo que hace en favor de la población.
El 18 de enero de 2021 —al inicio de la pandemia y durante la anterior legislatura—, la diputada de ARENA Margarita Escobar aseguró que El Salvador —gobernado por Bukele— iba a ser de los últimos países en adquirir las vacunas para inmunizar a los salvadoreños contra la COVID-19.
Sin embargo, ese señalamiento quedó desvirtuado porque el 17 de febrero de 2021 el Gobierno del presidente Bukele inició la vacunación contra la COVID-19, luego de que ese mismo día arribó al país el primer lote con 20,000 dosis de vacunas que fueron compradas a la farmacéutica AstraZeneca.
El 27 de marzo de ese mismo año, el país recibió el cuarto lote de dosis adquiridas por el Gobierno de Bukele. El lote lo conformaban un millón de vacunas procedentes de la República Popular China, las cuales fueron adquiridas mediante gestiones bilaterales con la empresa Sinovac.
Con la compra y las donaciones de vacunas, El Salvador se posicionó en Centroamérica como el país líder en el proceso de inmunización de su población. Hasta el 3 de agosto pasado, la página oficial https://covid19.gob.sv/ reportó que 1,781,722 salvadoreños habían recibido la tercera dosis de la vacuna.
Asimismo, ese sitio registró que desde el inicio de la pandemia han sido analizadas 2,456,913 pruebas de la COVID-19. Diariamente, el personal del Ministerio de Salud desarrolla los tamizajes a escala nacional para identificar casos sospechosos y tratarlos oportunamente con la entrega de medicamento gratuito.
La oposición también ha tratado de atacar al Gobierno Central en relación con la seguridad pública. En junio de 2019, a los pocos días de que el Gobierno de Bukele inició funciones, los diputados de los partidos ARENA y FMLN que integraban la comisión de seguridad pública de la Asamblea Legislativa querían que el entonces ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, acudiera a esa mesa de trabajo y presentara los planes y la estrategia de seguridad del Gobierno Central.
Sin embargo, el ministro no acudió y, en ese mismo mes, el presidente Bukele anunció la implementación del Plan Control Territorial (PCT), integrado por siete fases, de las cuales cuatro ya están en ejecución: Preparación, Oportunidades, Modernización e Incursión. La oposición política negó los votos para aprobar el préstamo por $200 millones que solicitó el Ejecutivo para la ejecución de las fases II y III.
Fue hasta mayo de 2021 —con la nueva legislatura— que el grupo parlamentario de Nuevas Ideas votó por la aprobación y ratificación de los fondos con la banca multilateral para la ejecución de ambas fases. Los partidos de oposición ARENA y FMLN también negaron sus votos en esta legislatura para la aprobación de los recursos.
Ambos partidos, además de VAMOS y Nuestro Tiempo, también han votado en contra, abstención o no han votado por la aprobación del régimen de excepción y sus prórrogas. La medida constitucional fue solicitada por el Ejecutivo para combatir a los grupos FECHAS IMPORTANTES DEL TRABAJO DEL GOBIERNO CENTRAL de pandillas que provocaron la escalada de homicidios entre el 25 y el 26 de marzo pasado.
Con el régimen de excepción, el Gobierno del presidente Bukele ha combatido a los grupos delincuenciales con los que anteriormente ARENA y el FMLN negociaron a cambio de obtener el respaldo electoral en las elecciones, como en las presidenciales de 2019. ONG internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, también se han unido a las críticas de los partidos y de la prensa nacional para atacar el régimen de excepción.
No obstante, los resultados en materia de seguridad son contundentes, según el Gobierno Central, porque se ha logrado la captura de más de 50,000 pandilleros —incluidos cabecillas— y se redujo drásticamente la cantidad de homicidios a escala nacional.
El 1.º de agosto pasado, con base en estadísticas, el presidente Bukele dijo que julio fue el mes más seguro en la historia de El Salvador.
El analista Rodríguez consideró que la drástica reducción de los homicidios reportada por el presidente Bukele con el Plan Control Territorial y los decretos de régimen de excepción «son elementos que han coadyuvado a mantener la seguridad y el orden, y eso política y electoralmente está golpeando a la oposición de este país».
Además del tema de la seguridad, la oposición ha negado sus votos para que el Gobierno Central adquiera el financiamiento multilateral para la compra de computadoras, tabletas, mobiliario y equipo para los centros escolares públicos con la finalidad de cerrar la brecha digital. También ha rehusado dar sus votos para la construcción y reparación de centros escolares públicos abandonados en los gobiernos anteriores.
Para el analista, partidos tradicionales como ARENA y el FMLN enfrentarán «una debacle electoral» en 2024, porque sus acciones, «lejos de ganar simpatías con la población, están generando antipatía», y con sus ataques en contra del Gobierno están «cavando su propia tumba».
En mayo pasado, la encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reveló que el 61.1 % de los salvadoreños cree que ARENA será borrado del mapa político en las elecciones de 2024. En relación con el FMLN, el 70.1 % también opinó que dejará de existir como instituto político.
