«El tema es si mis ingresos son legales o ilegales. Cada quien como hace con su patrimonio y cómo una familia puede disponer es asunto muy de su derecho y está dentro de la Constitución…Todo es en base a mi desempeño y por supuesto lo que puedo hacer con mi patrimonio si lo invierto en un banco, si lo ahorro en un cochinito, si lo pongo debajo de la almohada o hago alguna inversión eso es otro tema», así respondió el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, al ser cuestionado sobre la forma en cómo quintuplicó su patrimonio y por el cual la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El dirigente del FMLN asegura que su juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito fue ordenado por los exmagistrados Sídney Blanco, Belarmino Jaime, Rodolfo González y otros, debido a que él fue muy crítico de las resoluciones de esos ex integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Reyes, su esposa e hijo, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández y Luis Damián Reyes Rodríguez, están demandados por supuesto enriquecimiento ilícito de $472,464.04.
«Me parece que el tener ideas firmes y claras, el enfrentar con valentía los ataques en cuestionar de manera rigurosa técnica a aquellos que nos controvierten nos puede a llevar a ser perseguidos», afirmó el exfuncionario quien vive en México.
Reyes dice que de los 15 magistrados que forman la CSJ, 10 se sumaron a la conspiración política y judicial en su contra. «Los magistrados dicen que a Sigfrido Reyes hay que valorarlo de manera distinta a como lo hemos hecho con los anteriores: Guillermo Gallegos, Ana Vilma, Nayib Bukele, Belarmino Jaime, Luis Mario Rodríguez y otros funcionarios. Cuando llega el caso de Sigfrido varios magistrados dicen apartémonos de lo que hemos estado haciendo, apartémonos de nuestra misma jurisprudencia y sus criterios de análisis y al él hay que juzgarlo de otra forma y ahí es donde empiezan a darse situaciones extrañas», afirmó.
Al expresidente de la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República (FGR) le reprocha ingresos no justificados del 1 de mayo del año 2006 al 30 de abril de 2015, que corresponde a tres períodos que fungió como diputado, entre ellos el que fungió como presidente, entre el 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015.
En un principio, Corte en Pleno remitió a la Cámara Segunda de lo Civil la documentación informando de ocho irregularidades por la cantidad de $360,433.09, que tienen que ver con depósitos bancarios, inversión en compra de vehículos y la adquisición del inmueble Eco Residencial Las Violetas, en el kilómetro 4 1/2 en la carretera a los Planes de Renderos.
Sin embargo, la Fiscalía le detectó una novena irregularidad en concepto de viáticos que recibió para viajes que realizó en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa por $99,280.95. Reyes según la demanda debe responder por $459,714.04.
Al cuestionarle la entrevistadora de Canal 33, sobre cómo justificaba que sus ingresos se quintuplicaron, el exfuncionario dijo, «el tema es si mis ingresos son legales o ilegales. Cada quien como hace con su patrimonio y cómo una familia puede disponer es asunto muy de su derecho y está dentro de la Constitución. Fue una presidencia durante más de cuatro años y en ningún momento hay un ingreso ilícito. Todo es en base a mi desempeño y por supuesto lo que puedo hacer con mi patrimonio si lo invierto en un banco, si lo ahorro en un cochinito, si lo pongo debajo de la almohada o hago alguna inversión eso es otro tema».
Justificó que si su patrimonio creció o se duplicó era cuestión de apreciaciones subjetiva, aseguró que dentro de la Asamblea Legislativa hay personas que se hacen millonarios «de la noche a la mañana y no digo que sean corruptos».
«Yo me voy a aliar para juzgar a alguien porque no me gusta que haya invertido su dinero de manera correcta o lo voy a juzgar en base a la constitución, se supone que son magistrados de la Corte no son estudiantes de ingeniería, ni de bellas artes, se supone que han llegado ahí porque representan de alguna manera lo más avanzado en cuanto a pensamiento jurídico, honorabilidad a tener esas características de ser probos, imparciales, pero resultó que no lo fueron”, refirió Reyes.
El asilado acusa que la CS está en manos de personas ultraderechista y conservadores «recuerda que el control de la CSJ ha estado siempre y sigue estando en manos de grupos muy conservadores, algunos incluso de ultraderecha. La Fiscalía General de la República siempre ha sido un coto de la derecha, a tal punto que hoy está a cargo un personaje ultraderechista (Raúl Melara) con muy pocas credenciales para ser fiscal, cuyo nombramiento es cuestionado ante la Sala porque no cumple con los requisitos”, afirmó.
FRENO A INVESTIGACIÓN
El pasado 13 de enero, la Sala frenó la investigación contra Reyes Morales, por presunto enriquecimiento ilícito tras un amparo en el que se alega que los indicios que configuran ese delito no fueron bien fundamentados.
Tras la resolución de cuatro magistrados suplentes de la Sala, la Cámara ya no podrá realizar la audiencia probatoria que es la última del juicio civil y que estaba programada para el próximo 3 de febrero, tampoco se deberá continuar con el peritaje que determinaría el monto exacto del supuesto enriquecimiento ilícito.
El abogado Pedro Cruz, representante legal de Reyes, confirmó que la resolución de la Sala de lo Constitucional podría también, tener alcance en el proceso de extinción de dominio ya que la Fiscalía armó ese expediente con información de Probidad. A Reyes le han decomisado propiedades y congelado productos financieros valuados en 1.4 millones de dólares.
Cruz anunció que en los próximos días impulsará nuevas acciones legales, aunque no detalló que tipo de medidas, no descartó que podrían ser recursos de nulidad a los dos expedientes.
El abogado Enrique Anaya dijo que es normal y legítimo que los defensores de Reyes pretendan frenar los procesos penales (por lavado de dinero) y el de extinción de dominio (por propiedades que le han decomisado) pero que estos son procesos diferentes y siguen su curso.