L a primera ley de amnistía surgió de los Acuerdos de Paz como una supuesta garantía para desmovilizar pacíficamente al FMLN guerrillero y, por el otro lado, evitar que oficiales militares acusados de crímenes contra la población civil mientras combatían a los insurgentes fueran llevados a prisión. Es decir, era una forma de que las fuerzas irregulares no tuvieran la tentación de volver a las armas y de que el ejército y las autoridades civiles que lo comandaron no fueran puestos en duda en los primeros años de la paz. El acuerdo, no obstante, equivalió a un «perdón y olvido».
Es decir, los crímenes de guerra quedaron sepultados por un ominoso manto de impunidad, avalada desde instancias del Estado salvadoreño. Por eso mismo es que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional esta ley, porque perpetuaba la negativa de dar justicia a miles de víctimas del conflicto armado. Los que al principio eran enemigos terminaron siendo aliados en la Asamblea Legislativa, muy a pesar de lo que sentían, creían y pensaban sus bases. Esa es la razón por la que ARENA y PCN aprobaron, con 44 votos, la ley de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional.
En lugar de votar en contra, o abstenerse, los diputados del FMLN simplemente no votaron, lo que se interpretó como un silencio cómplice relacionado con el proyecto de reactivación de la ley de amnistía. No se trataba de algo al azar, como para creer que todos los diputados efemelenistas se habían ausentado al mismo tiempo justo cuando se decidía algo importante. Se trató de una acción consciente y medida: no podían votar a favor porque eso iba en contra de las organizaciones de derechos humanos, pero no podían votar en contra porque eso equivalía a que algunos de los miembros de la cúpula se volvieran elegibles a ser procesados por crímenes de lesa humanidad. Ni siquiera optaron por la abstención para no comprometerse a futuro.
En todo caso, obtenían lo mejor de dos mundos: la protección de la amnistía sin haber votado por ella y el discurso ante sus bases y aliados de que no habían votado por ella. Lo único que en su momento hicieron a ARENA para pagar el favor fue evitar quitarle el fuero legislativo a Norman Quijano. Por eso ahora no sería raro que después de que el presidente Nayib Bukele vetó este adefesio —por ser inconstitucional y engañar diciendo que traía «justicia transicional», «reparación» o «reconciliación nacional»— veamos al FMLN votando con sus aliados para mantener un blindaje legal. Lo único que busca esta ley es reducir el impacto de las penas en contra de criminales de guerra y responsables de delitos de lesa humanidad. Eso es lo único que buscan aquellos que intentan superar el veto.
