La Dirección General de Aduanas de El Salvador (DGA) recomendó a transportistas aduaneros, importadores, exportadores y auxiliares de la función pública aduanera que movilizan carga con destino al sur de Centroamérica que utilicen la aduana de la frontera Las Manos, ubicada entre Honduras y Nicaragua, debido a los inconvenientes que ocurren en el vecino país.
«El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y la Dirección General de Aduanas, informan a los transportistas aduaneros, importadores, exportadores y demás auxiliares de la función pública aduanera que se recomienda como ruta alterna la Aduana «Las Manos», ubicada en el punto fronterizo entre Honduras y Nicaragua, para el traslado de sus mercancías con destino o procedentes del sur de Centroamérica», indicó la institución por medio de un comunicado de prensa.
La institución indicó que desde el 14 de agosto de este año se han reportado bloqueos en carreteras de la Ciudad de Choluteca, en Honduras, que han impedido la circulación en las rutas fiscales que conducen de El Amatillo, en El Salvador, hacía Guasaule y La Fraternidad en Honduras, y viceversa.
En esa misma línea, aseguró que los transportistas aduaneros que ya habían iniciado sus DUCA-T, incluyendo en la ruta fiscal las Aduanas de Guasaule y La Fraternidad, podrán requerir a la autoridad aduanera de «El Amatillo», el cambio de ruta hacia la Aduana Las Manos.
«Si la unidad de transporte ya se encontrara en territorio hondureño, el cambio de ruta deberá gestionarse ante la autoridad aduanera de dicho país», afirma el comunicado presentado por la institución.
La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, dijo que Cancillería, a través de la Embajada de El Salvador en Honduras, está pendiente y apoyando a los transportistas ante esta situación.
Según medios hondureños el cierre de la carretera que conecta Tegucigalpa con Nicaragua se debe a manifestaciones de alrededor de 400 personas que protestan por el inicio de operaciones de una terminal de autobuses privada, debido a que consideran que el proyecto no fue socializado con vendedores, transportistas y usuarios.