El anteproyecto de la Ley General de Recursos Hídricos que envió el presidente de la república, Nayib Bukele a la nueva Asamblea Legislativa contempla que será la Autoridad Salvadoreña de Agua (ASA) la que determinará y autorizará los cánones por uso y aprovechamiento del agua y vertidos, así como por los servicios administrativos, técnicos y científicos que preste a terceros, sean públicos o privados.
La ASA, que será la autoridad rectora en materia hídrica, estará integrada por un director presidente, que será nombrado por el mandatario salvadoreño; siete representantes de igual número de carteras de Estado; un representante de la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento, un representante de las universidades públicas y privadas y uno de la sociedad civil.
Según el anteproyecto de ley, los cánones deberán ser pagados en moneda de curso legal cuando haya uso y aprovechamiento de aguas nacionales, consuntivos o no consuntivos; el vertido de aguas residuales y por el uso del dominio público hidráulico.
El proyecto define como dominio público hidráulico, entre otras, las aguas continentales, insulares, estuarinas y marinas, sean superficiales o atmosféricas, las subterráneas; los cauces y las riberas de corrientes naturales, continuas o discontinuas; los lechos de los lagos, lagunas, embalses, esteros y marismas; las playas del mar, lagos y lagunas; los acuíferos, y las aguas procedentes desalación de agua del mar.
El proyecto de ley determina que los cánones serán publicados por la ASA en el Diario Oficial y podrán ser modificados de acuerdo con «las nuevas condiciones ambientales y de disponibilidad del recurso hídrico».
Asimismo, estipula que el pago del canon será anual y que el monto será fijado con base al tipo de uso o aprovechamiento de las aguas; el origen de las aguas, el volumen y calidad aprovechada y consumida; el costo por ubicación geográfica específica, el beneficio que genera su uso o aprovechamiento y el reúso o reciclaje de las aguas residuales.
Los ingresos provenientes de los cánones y por los servicios que preste la ASA serán destinados para cubrir sus costos administrativos y los relacionados con la gestión integrada de los recursos hídricos.
Actualmente, en El Salvador, es la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) quien regula la producción, distribución y consumo, y fija los cánones por el uso del recurso hídrico.
LAS INFRACCIONES Y MULTAS
El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo y que pone fin a 15 años de ausencia de una normativa a causa de los anteriores diputados, contempla infracciones muy graves, graves y leves, y multas que van desde los $3 millones hasta los $30,000 por el mal uso del recurso hídrico.
Por ejemplo, se tipificada como una infracción muy grave y con una multa de hasta $3 millones, el hacer uso de un acuífero sobreexplotado sin autorización de la ASA, utilizar las reservas hídricas estratégicas identificadas en el Plan Hídrico, descargar vertidos en cuerpos receptores sin el permiso o mayores a las autorizadas y no cumplir con el pago de los cánones.
Una infracción grave, multada hasta con $300,000, será realizar una actividad agropecuaria u ocupación no autorizada en los cauces de ríos, lagos y lagunas sin la autorización de la ASA.
Una infracción leve que implica multa hasta de $30,000 será por no proporcionar anualmente la información relacionada con la exploración, uso y extracción de aguas superficiales, subterráneas, vertidos y negar o impedir el ingreso a los funcionarios, empleados o personal de la ASA y de la autoridad sancionatoria.
El presidente de la república dijo que la Ley General de Recursos Hídricos reconoce el agua como derecho humano y espera que sea aprobada por los diputados en un plazo no mayor de 90 días, luego de ser entregada este viernes por la tarde al presidente de la nueva Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.