El Gobierno de Costa Rica se reunió ayer con representantes de diversos sectores para analizar las acciones que deben tomar en los próximos días y así desacelerar el contagio de la COVID-19, informaron medios locales.
Las autoridades buscan aliviar la saturación hospitalaria, que ha aumentado en los últimos días. Hasta el pasado 9 de mayo, las estadísticas nacionales revelaban que había 26,726 contagios.
El encuentro responde a una alerta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre la crítica situación hospitalaria que enfrenta Costa Rica por el coronavirus.
«La CCSS nunca había tenido a más de 1,000 pacientes hospitalizados por el mismo diagnóstico en 80 años de existencia», dijo el presidente de esa instancia, Román Macaya.
Los contagios que actualmente registra Costa Rica sobrepasan la capacidad de servicios de consulta y de hospitalizaciones con la que cuenta.
Dicha situación «crea enormes retos de atención oportuna y de calidad de los pacientes COVID y no COVID, en algunos casos hasta demora en el traslado de pacientes por falta de camas», detalló Macaya.
El pasado domingo, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) dijo que está analizando la posible declaratoria de alerta roja.
«Amparada en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N.º 8,488, la CNE analiza en detalle la posibilidad de elevar a condición de alerta roja la emergencia sanitaria según el ordenamiento jurídico y ante el impacto de la pandemia por COVID-19 en las últimas dos semanas», detallaron las autoridades.
Ahondaron que la referida ley regula las acciones ordinarias que el Estado debe desarrollar «para reducir las causas de las pérdidas de vidas y las consecuencias sociales, económicas y ambientales, inducidas por los factores de riesgo de origen natural y antrópico, así como la actividad extraordinaria que el Estado deberá efectuar en casos de estado de emergencia, para lo cual se aplicará un régimen de excepción».
La comisión explicó que la declaratoria de alerta roja en un territorio específico «requiere de información sobre acciones concretas de contención y mitigación en el primer nivel de intervención, la necesidad de habilitación de centros de cuidado básico y monitoreo de la situación por coronavirus, con el fin de activar los mecanismos de excepción establecidos en la Ley 8,488».
