La Asamblea Legislativa tiene 2,400 empleados, de acuerdo con un reporte divulgado en los últimos días. De ellos, más de 1,300 aparecen como trabajadores «institucionales», es decir, aquellos que están vinculados al Órgano Legislativo en general, sin estar al servicio de ninguna fracción política, y 1,078 están adscritos a los partidos políticos. Según ese escueto informe, ARENA es el grupo parlamentario con más empleados: 350.
Lo que no aparece por ningún lado es si los 68 asesores que la Asamblea Legislativa reconoce en su planilla están dentro de los 2,400 empleados o si son un listado aparte. En esa lista aparecen algunos areneros de larga data —como Claudio De Rosa, Rolando Alvarenga y Carolina Ramírez— como asesores del grupo parlamentario tricolor. Pero hay otros areneros, como Rafael Lemus, que aparecen ahora como asesores adscritos a la Gerencia de Operaciones Legislativas. En la misma condición está Víctor Suazo, quien iba como candidato a diputado por el FMLN; de hecho, era un diputado suplente. ¿Cómo es que ahora es asesor de la Asamblea y no de su partido? En la bancada del FMLN sí hay exdiputados como asesores —empezando por Lorena Peña, Benito Lara, Misael Mejía, Rolando Mata, Zoila Quijada, entre otros—, lo cual demuestra que el partido no se olvidaba de ellos si perdían las elecciones.
Pero ni ARENA ni el FMLN tendrán las bancadas que tenían antes. Los areneros tendrán 14 diputados. Ya no pueden reclamar 350 empleados ni dos pisos del edificio legislativo. El FMLN, con cuatro diputados, no podrá tener sus 199 empleados, la legión de asesores y también una gran porción de oficinas en el Palacio Legislativo. GANA tiene ahora 238 empleados; el PCN, 185; y el PDC de Rodolfo Párker, 76.
Nuevas Ideas, por sí solo, tendrá una cantidad de diputados equivalente a la actual suma de ARENA y el FMLN, funcionarios que, además, ocupan varias plazas en la junta directiva de la Asamblea Legislativa.
La nueva Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de hacer una verdadera reingeniería de la administración parlamentaria. El Sindicato de Trabajadores Legislativos (Sitral) denunció que en realidad son 1,000 plazas fantasmas y que los políticos están enviando a sus allegados a plazas institucionales y a afiliarse al sindicato para obtener un blindaje. Sin embargo, ¿son realmente necesarias tantas plazas para 84 diputados? ¿Es necesario que el Estado siga pagando el sueldo de estos activistas políticos cuando ya la voluntad popular ha sido que los diputados van para afuera?
