Las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, señalando al mandatario salvadoreño de crear campos de concentración para combatir el crimen revelan su grado de ignorancia de la realidad salvadoreña. Su afirmación de que el crimen se combate con educación es una verdad universal que, en las actuales condiciones tanto de El Salvador como de Colombia, no soluciona «ipso facto» esta problemática y linda con la demagogia. Petro debe abstenerse de opinar sobre realidades que desconoce para no caer en el ridículo y prestar atención a su bajo índice de popularidad entre los colombianos, que ronda el 40 % de aceptación contra un 51 % de rechazo a su gestión, según la última encuesta Invamer Poll.
La dictadura pandilleril, la más terrible del mundo
La dictadura que instalaron las pandillas del país durante los gobiernos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fue, sin temor a equívocos, una de las más sangrientas y despiadadas del mundo; su principal víctima: la población de escasos recursos. Haber resuelto este nudo gordiano de la sociedad salvadoreña explica la aprobación de más del 90 % de la población de la que goza el mandatario salvadoreño.
Se vivía un estado de sitio controlado por los postes de las maras en cada esquina, un sistema de extorsión monetaria de vecinos y comerciantes; con leyes comunitarias donde el palabrero ejercía la máxima autoridad; los sicarios y homies violaban a niñas, niños, mujeres jóvenes, con total impunidad; se expropiaban casas, comercios, vehículos o propiedades; tenían carta blanca para secuestrar, asesinar y desaparecer a cualquier ciudadano. Su macabro lema «Ver, oír y callar» controlaba hasta el último rumor del vecindario, había una vigilancia absoluta de la vida familiar y social. Establecieron un pacto criminal con los gobiernos de turno que les permitió gobernar un Estado fallido con total garantía. Más de 120,000 asesinados y desaparecidos, más de 60,000 secuestrados, decenas de miles de desplazados internos y externos, hogares destruidos y gigantescos daños a la economía del país son su fatídico resultado.
Las tiranías militares que padecimos en el siglo pasado palidecen en comparación, son dictablandas. Liberados los territorios donde tenían a la población como rehén, los niños y adolescentes por fin pueden ahora conocer su comunidad y su país, jugar en las canchas deportivas, asistir a la escuela sin temores. Descabezar la dictadura más sangrienta de la historia de El Salvador es un mérito que explica la popularidad del presidente del Gobierno y su gabinete; algo que la oposición no asume ni acepta, un anuncio de su extinción en las próximas elecciones.
Encerrar a más de 60,000 criminales requiere la mano férrea de la justicia y adecuadas instalaciones que abarquen lo social y lo penal, logrado con la edificación del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en Tecoluca. Oposición y grupos asalariados interesados han protestado contra ello, pero el encierro de miles de criminales no se hace en un hotel de cinco estrellas. No son buenos samaritanos o hermanitas de la caridad, son terroristas a los que, sin embargo, hay que respetarles su calidad de personas humanas. Se trata de hacer justicia, no venganza. Hasta las voces más críticas reconocen la erradicación de las maras en El Salvador, libre de extorsiones, donde la población goza de libertad de movimiento.
Protohistoria
Desde 1969 hasta 2019, El Salvador vivió uno de los períodos más sangrientos de su historia. Luego de la expulsión de Honduras de más de 130,000 campesinos y migrantes salvadoreños en julio de 1969, el Gobierno invadió Honduras en la llamada guerra de legítima defensa, para evitar que siguieran llegando «más pobres al país» y obligar a Honduras a detener las expulsiones. El Ejército salvadoreño tomó fácilmente en tres días las ciudades de Nueva Ocotepeque, Nacaome, Choluteca y estaba a las puertas de Tegucigalpa cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) ordenó el cese de hostilidades. Resultado de esta guerra inútil entre hermanos: más de 5,000 muertos y miles de heridos, civiles y militares salvadoreños, sumado a la llegada de más de 100,000 nuevos pobres al país, que a partir de 1969 se convirtieron en una olla de presión social en la crítica situación socioeconómica de El Salvador.
En la década de los setenta se fundan, el 1.º de abril de 1970, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL), lideradas por Salvador Cayetano Carpio, Marcial; en 1972 se consolida el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP); en mayo de 1975 surge la Resistencia Nacional (RN), escindida del ERP; en 1975 se funda el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) y en 1980 se crean las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL).
Estas organizaciones, exceptuando las FAL, desarrollaron una intensa actividad guerrillera, con miles de campesinos, estudiantes, obreros y maestros muertos, heridos, prisioneros o secuestrados por los «cuerpos de seguridad» del Gobierno. Suceden las masacres de La Cayetana, Tres Calles, Chinamequita, 30 de Julio y la represión feroz de la dictadura militar tras los fraudes electorales de 1972 y 1977 a la Unión Nacional Opositora (UNO), que ganó los comicios presidenciales con el ingeniero Napoleón Duarte y el coronel Ernesto Claramount.
Fue una década sangrienta de represión asesina, que sirvió de antesala a la guerra civil, que sucedió entre 1980 y 1992 y que dejó saldo de más de 75,000 muertos, decenas de miles de heridos, millones de salvadoreños que migraron al exterior, fundamentalmente a Estados Unidos (EE. UU.), huyendo de la guerra.
Cincuenta años de soledad: 1969-2019
No es errado deconstruir el título de la emblemática novela del realismo mágico para explicar el manto negro que cubrió a El Salvador durante los 50 años que duró el baño de sangre de dictaduras militares y gobiernos corruptos. Fue medio siglo ahogado con la pobreza, el sufrimiento, el exilio, la persecución, la cárcel, la tortura y la muerte de la población salvadoreña, ejercida por las tiranías militares entre 1969 y 1979, con un ínterin de juntas cívico-militares de una década, por los gobiernos conservadores de ARENA (1989-2009) y del FMLN (2009-2019), cuyas víctimas sumadas «grosso modo» arrojan más de 250,000 asesinados, decenas de miles de desaparecidos, heridos y desterrados del país.
Han sido 50 años de soledad, de justicia, democracia, libertad de circulación y de pensamiento. Ausencia de una vida soberana y democrática, construida bajo los cimientos de las dictaduras militares y los gobiernos corruptos de ARENA y del FMLN.
La liberación de la dictadura de las pandillas que actualmente respiramos es una de las mayores aspiraciones que el pueblo salvadoreño anhelaba desde siempre y que por fin se hace realidad.
