Alfredo Félix Cristiani Burkard, expresidente de la república por el partido ARENA y ahora prófugo de la justicia, continúa siendo militante y presidente de ese instituto político, confirmó ayer el presidente del tricolor, Carlos García Saade. «Sí, por supuesto [sigue siendo miembro del partido]. Es más, es presidente honorario del partido», dijo García Saade en una entrevista cuyo video fue publicado en la red social X.
García Saade también posteó en esa red, posterior a sus declaraciones en la entrevista, que Cristiani Burkard «no es prófugo [de la justicia], sino que es un perseguido político».
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó en junio pasado un dictamen de acusación contra el exmandatario arenero en el que se lo señala de haber autorizado la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras en noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera.
«Se ha presentado el dictamen de acusación en contra de los imputados en el asesinato de los jesuitas. Consta en las investigaciones que el expresidente Alfredo Cristiani estuvo presente en la reunión donde se coordinó el crimen y autorizó su ejecución», informó el ministerio público.
Un tribunal de San Salvador ordenó a principios de 2022 la detención provisional contra Cristiani Burkard y otros cinco acusados, luego de celebrarse la audiencia inicial a raíz de la reapertura del caso por parte de la FGR.
El tribunal argumentó su decisión en que el exmandatario no se presentó ni envió representantes a la audiencia judicial donde sería juzgado por el delito de comisión por omisión del suceso, ocurrido el 16 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Las víctimas de esa masacre fueron los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y sus colaboradoras Elba y Celina Ramos. La Fiscalía, por otra parte, intervino el pasado 1.º de junio varios bienes muebles e inmuebles que eran propiedad del expresidente Cristiani Burkard, como parte de la guerra contra la corrupción anunciada por el presidente Nayib Bukele en su mensaje a la nación del cuarto año de gestión.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, explicó que al asumir el cargo se encontró «con una investigación que estaba tirada, archivada por otras administraciones [fiscales]. Esa investigación señalaba actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito […]. Fue un presidente de los ladrones, que se enriquecieron del dinero público». Las incautaciones contra el expresidente prófugo suman $85 millones.
