En dos procesos penales promovidos por la Fiscalía General de la República en San Salvador, hubo condenas de 10 y 13 años de prisión por el delito de extorsión.
Uno de los casos tiene que ver con la extorsión que le fue probada a Margarita Stephany Balcáceres Landaverde, quien fue encontrada responsable por el Tribunal Quinto de Sentencia de la capital.
En la vista pública el ministerio público logró que le impusieran 10 años por haber extorsionado a comerciantes del municipio de Mejicanos. La mujer fue denunciada por víctimas que estaban siendo afectadas en su patrimonio tras diversas cantidades dinero que les exigía en concepto de extorsión.
Tras una investigación en junio del año 2009, el ministerio público identificó la extorsionista al momento de llegar a retirar el dinero que le exigía a sus víctimas quienes pagaban cuotas según el negocio que tenían, además le entregaban mercadería.
En una segunda causa penal, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a 13 años de cárcel a Karla Rubidia Pérez Rivera y Roberto Antonio Ramírez Sandoval por el delito de extorsión agravada.
Según se conoció en la vista pública, el 28 de diciembre de 2022, una víctima con régimen de protección denunció que miembros de una estructura delictiva en Cuscatancingo le exigían $250 mensuales, aumentando a $500 y luego a $1,000 en noviembre y diciembre, amenazando con atentar contra su vida y la de su familia.
La víctima acudió ante las autoridades y en las pesquisas realizadas se tomó la decisión de hacer una entrega controlada el 9 de enero de 2023. La víctima entregó $300 a Karla Rubidia Pérez Rivera en el Centro Comercial las Terrazas.
Policías especializados en investigar extorsiones de manera encubierta siguieron a Pérez hasta una vivienda en la Colonia Veracruz, donde se encontró con Roberto Antonio Ramírez Sandoval quien era parte de planificación y ejecución del delito.