El Tribunal de Cuarto de Sentencia de San Salvador continuó desarrollando este martes la fase de alegatos finales del caso en el cual es procesada la ex primera dama, Ana Ligia de Saca, y cuatro personas que supuestamente pertenecían al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) y que son acusados de lavado de dinero, fondos públicos provenientes de la presidente de la República.
Durante esta mañana, la Fiscalía General de la República (FGR) aportó en dicho tribunal la prueba documental que demostraba que los acusados no forman parte del organismo de inteligencia, pues los informes oficiales de la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda demuestran lo contrario.
«Preguntamos a la Presidencia ¿esta persona fue contrata por usted como empleado? La respuesta fue no. ¿Fue esta persona contratada para prestar servicios eventuales? La respuesta fue no. ¿Le prestaron servicios estas personas mediante contrato de servicios? –la respuesta fue- No. Le preguntamos al Ministerio de Hacienda ¿estas personas fueron autorizadas para aperturas de cuentas bancarias y que ahí fueran destinados fondos públicos de la Presidencia? La respuesta fue no. La prueba de acuerdo a los informes oficiales que tenemos es que ellos han intervenido en el hecho delictivo», comentó uno de los fiscales.
De acuerdo con la Fiscalía, los sospechosos movieron $9 millones provenientes de cuentas de la Presidencia de la República a cuentas bancarias personales; mientras que en el caso de Ana Ligia de Saca, la cantidad fue de $17,600,000 los que habría desviado hacia la sociedad grupo Radial Samix durante la presidencia de Antonio Saca quien fue condenado a 10 años de cárcel por actos de corrupción y desviar $301 millones.
«Se ha destacado la aprobación de fondos públicos desde la Presidencia de la República y que posteriormente se depositan en las sociedades del Grupo Radial Samix», dijo la fuente fiscal.
La misma fuente reiteró que «ninguno de los imputados ha sido miembro de la OIE; la dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda que es la que autoriza la apertura de cuentas bancarias nos informó que no tenía ningún registro de actualización que los imputados dicen ser empleados de dicho organismo». Tampoco hubo información que los autorizara para manejar fondos públicos, mucho menos para que estos fueran transferidos a cuentas personales.
Por su parte, uno de los abogados defensores explicó que tienen como respaldo documentación en la que se establece que los fondos eran para operaciones del organismo de inteligencia estatal.
«Tenemos sentencia de amparo de la Corte [Suprema de Justicia] en la que se establece toda la regulación y el marco normativo de la OIE, la forma en que opera la dirección de proyectos, que es lo que nosotros hemos venido sosteniendo, que el dinero fue para la operatización de la OIE», dijo el defensor.
El abogado defensor de la ex primera dama, Miguel Flores Durel, comentó que van a demostrar que ella recibió un salario que no proviene de hechos ilícitos, mucho menos de sobresueldos.
En ese sentido, explicó que las pruebas que van a presentar buscan «establecer que ella realizaba un trabajo en la Secretaría [Nacional de la Familia] y que en algún momento recibió un salario no regulado, no es un sobresueldo como reconoció el señor Elías Antonio Saca, él habló de sobresueldos de sus funcionarios. En el caso de ella es un salario no regulado que tradicionalmente recibían todas las ex primera damas, todas sin exclusión».
Al ser consultado sobre qué se debía entender como «salario no regulado» Flores Durel dijo: «Que no está previsto como delito, pero que tampoco es delictivo. Es algo aceptado».