Los allanamientos hechos por 40 fiscales a las gerencias de Recursos Humanos y Financiera de la Asamblea Legislativa se ampliaron a las oficinas de las bancadas parlamentarias de ARENA, el FMLN, GANA, PDC, PCN, CD y del diputado no partidario. Hemos visto a los fiscales, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), llevarse papeles, cajas y discos duros de computadoras después de las denuncias de la existencia de plazas fantasma y de tráfico de influencias para colocar a activistas, familiares y allegados en puestos legislativos.
A diferencia del allanamiento desarrollado por la Fiscalía en las oficinas del Ministerio de Salud, a donde los fiscales entraron con violencia y apartando a policías y custodios, los encargados del operativo en la Asamblea Legislativa fueron cordiales y respetuosos, como debían serlo permanentemente.
El fiscal general, Raúl Melara, anunció que se llevará a cabo una investigación sobre las plazas fantasma, y pidió apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies), respaldada por la OEA. Melara también dijo que había pedido ayuda a la Corte de Cuentas de la República.
La participación y el apoyo de la Cicies en el proceso puede aportar muchísimo a una Fiscalía que ha demostrado limitantes y que ha perdido múltiples casos a pesar de tener las pruebas a su favor. Sin embargo, la presencia de la Corte de Cuentas de la República podría convertirse en un problema, debido a que la actual administración ha mostrado su inclinación a favor de algunos sectores de la oposición y les ha dado insumos para atacar al Gobierno, como el célebre caso de revelación de información confidencial desde el magistrado presidente Roberto Anzora hacia el diputado saliente Rodolfo Párker.
Si Anzora podía revelar información en proceso, que todavía debía ser contrastada con documentación de respaldo del MAG, ¿será que ahora su papel es tapar cualquier información incriminatoria de plazas fantasma en el PDC, por ejemplo?
En todo caso, la Fiscalía debe ser eficiente en esta investigación y no debe quedarse en promesas tardías de cumplimiento. Que el proceso le lleve meses puede terminar cargando a las autoridades de la Asamblea Legislativa entrante con el peso financiero de plazas fantasma o, peor aún, normalizando contratos irregulares y evitando que la nueva legislatura actúe conforme al mandato popular recibido.
El país entero está pendiente de cómo se resolverá esta situación y tomará nota sobre los siguientes pasos, sean a favor de la justicia o para bloquearla.
