El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, instaló hoy una audiencia de reapertura de proceso penal en contra de siete exempleados de la Imprenta Nacional quienes, durante la gestión presidencial de Salvador Sánchez Cerén, crearon una red de corrupción para apropiarse de fondos públicos, según lo señala la Fiscalía General de la República.
Los imputados habían sido exonerados de forma provisional por escasos elementos de prueba y a haberse cumplido un año desde que se emitió esa resolución, el ministerio público pidió la reapertura del caso.
La solicitud fue presentada pese a que expertos no han terminado la ampliación de unos puntos de pericia, razón por la cual la jueza dijo a los fiscales que no puede resolver porque los peritos no han entregado los resultados, se ha señalado la continuación para el próximo viernes y darles tiempo a los expertos entreguen el dictamen y así resolver si se reabre o no el proceso.
Fiscales de la Unidad Penal de la Dirección de Intereses del Estado acusa al exdirector de la Imprenta Nacional y los otros seis funcionarios y empleados por los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios y peculado (apropiarse de bienes del Estado).
Los procesados son: Edgar Antonio Mendoza Castro, exdirector de la Imprenta Nacional; Rafael Ernesto Villalobos Artiga, exgerente administrativo, Ángel Elías Vásquez Figueroa, exgerente de Finanzas, Edgar Armando Fuentes, exenlace de compras, Esteban Galdámez González, encargado de activo fijo y Mario Ernesto Gil Guerrero, exencargado de almacén.
La Fiscalía comenzó las pesquisas luego de recibir informes especiales de auditoría realizados del 1 de enero de 2014 al 1 de diciembre de 2016 para determinar la existencia del efectivo, documentos y valores correspondientes al Fondo Circulante. Establecer la integridad de los fondos y asegurar que los egresos de dichos dineros habrían cumplido con las diferentes normas legales y políticas institucionales.
Los representantes del ministerio público detectaron que hubo una serie de irregularidades en el retiro y cobro de cheques emitidos a favor de proveedores en los años 2014, 2015 y 2016.
Los señalados supuestamente valiéndose de sus cargos, emitían y cobraban cheques que debían ser hechos efectivos por proveedores particulares. Todo con la venia del director de la entidad y el encargado del Fondo Circulante.
Los cheques que presentan irregularidades fueron emitidos del año 2014 al 2016 y ascienden a un monto de 91,117 dólares.
Además, se realizó una auditoría en 252 requerimientos de bienes y servicios, incluidos en 120 pólizas de reintegro que tramitó Óscar Alberto Pérez, encargado del Fondo Circulante, donde hubo un hallazgo de 100 requerimientos irregulares por un monto de 47,181 dólares.