A petición del Gobierno Central la Asamblea Legislativa prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2022 la Ley Transitoria para la Entrega de la Compensación Económica y Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros y fortaleció los mecanismos de control para la entrega del subsidio.
La normativa vigente termina sus efectos jurídicos el 31 de diciembre de este año. Fue aprobada por la anterior legislatura, pero no fortaleció los requisitos que deben cumplir los dueños de los buses y microbuses para recibir de la compensación.
El subsidio al transporte público es financiado con el impuesto de $0.10 por cada galón de combustible que compran los salvadoreños. Lo recaudado llega al Fondo General de la Nación y el Ministerio de Hacienda —a petición del Ministerio de Obras Públicas— lo traslada al empresario del transporte colectivo. Mensualmente se entregan $500 por bus y $250 por microbús.
Sin embargo, el empresario perderá la compensación si a partir de la entrada en vigor de la prórroga —aprobada el miércoles pasado con 61 votos de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC— no instala un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en sus unidades y si no comparte con el Viceministerio de Transporte la información en tiempo real obtenida con ese sistema.
Asimismo, los empresarios quedan obligados a llevar los buses y microbuses a una revisión técnica y de gases dos veces al año, con el fin de evitar percances viales por el mal estado o fallas mecánicas de las unidades.
Las unidades deberán prestar sus servicios como mínimo 21 días por cada mes para que los empresarios reciban la compensación económica.
Los empresarios también quedarán sujetos a implementar los protocolos sanitarios y de bioseguridad en los buses y microbuses, con el fin de prevenir que los usuarios se contagien de la COVID-19.
Además, los conductores deben estar autorizados y con sus documentos en regla, y los empresarios tienen que estar solventes con el pago de esquelas por las infracciones a la ley de tránsito.
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Si un empresario participa o promueve directa o indirectamente desórdenes en la vía pública con el uso de las unidades del transporte público, no recibirá el subsidio por un mes. Si por ese tipo de acciones que impulsa se origina algún accidente de tránsito en el que haya lesionados o fallecidos, la suspensión de la compensación económica será por tres meses, determina el ordinal 1.º del artículo 13 del decreto transitorio.
Actualmente, la comisión de obras públicas de la Asamblea Legislativa trabaja en la redacción de la nueva ley general de tránsito y seguridad vial, que impactará en el mejoramiento del sistema público de transporte.
La nueva normativa —que sustituirá a la vigente desde 1995— también aumentará las multas por las infracciones a la ley vial.