Las acciones sindicales son históricas en nuestro país, recordando movimientos que se suscitaron desde los años treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta y ochenta, cuando muchos líderes sindicales o luchadores sociales fueron capturados, encarcelados, torturados, desaparecidos, asesinados y hasta desterrados; es decir, la lucha sindical es dolorosa, pero igual llena de satisfacciones en favor de la clase trabajadora y sus pretensiones de mejorar sus condiciones laborales. Pero hay que aclarar que de todo hay en la viña del Señor y la historia nos plasma tristes recuerdos, y ahora sí, de líderes sindicales que por 30 piezas de plata y por ocultas negociaciones vendieron las aspiraciones y necesidades de sus representados ante funcionarios de gobiernos anteriores, comenzando por la época de ARENA y pasando por los dos últimos gobiernos del FMLN, donde se pudo observar a «líderes sindicales» hablando en nombre del ministro de Educación y formando «sindicatitos» afines a su ideología, con la intención de dividir el voto de los electores, que en este escenario son los cerca de 50,000 docentes a escala nacional.
El sector docente está próximo a elegir a los miembros de las juntas de la carrera docente, los cuales, por su esencia, deberían llamarse por decreto jueces de la carrera docente. Se elegirá, además, a los miembros de los tribunales de la carrera docente y del Tribunal Calificador de la Carrera Docente, todos con responsabilidades ya expresadas en la normativa específica: la Ley de la Carrera Docente y su reglamento.
Estas elecciones se desarrollarán a escala nacional mañana, 26 de noviembre, para lo cual cada gremial propone a sus representantes. Estos deberán someterse al proceso de elección determinado para tal efecto, mismo que se ha visto afectado por directores que, desconociendo las implicaciones legales y además utilizando las mismas mañas de siempre, de los mismos de siempre, en algunos casos no permitieron que representaciones sindicales no afines a su visión expusieran ante los docentes sus propuestas, lectura que tendrá sus consecuencias, pues se restringe la libertad sindical y la difusión de sus propuestas que, de igual manera, es un derecho constitucional.
Amén de los procesos de desesperación surgen las interrogantes siguientes: ¿quién debe ser el mejor representante del sector docente ante estos tribunales? ¿Qué características debe tener o ser perito en este apartado del derecho? ¿Es necesario solo ser docente o debe ser docente y abogado de la república? La respuesta a estas interrogantes es la siguiente: desde mi óptica como analista de los fenómenos sociales, políticos y económicos, creo firmemente que así como en el caso específico de las juntas de la carrera docente, donde uno de sus integrantes es delegado de la Corte Suprema de Justicia, el otro por el Ministerio de Educación y en ambos casos son abogados de la república, lo ideal y correcto es que el elemento del sector docente debe ser abogado de la república como mínimo, y si es notario, mucho mejor.
Luego de haber hecho un breve recorrido por el fenómeno de los procesos electorales del gremio docente, es sumamente importante que cada docente observe las conductas que sindicatos tradicionales y sus ahora apéndices han hecho en contra de la clase trabajadora. Así como sus referentes ideológicos y políticos fueron aniquilados y enviados a la esquina, también es momento de ver hacia el futuro, pero sobre todo hacia la capacidad, probidad y honestidad. Aunado a esto, que para impartir justicia sea un conocedor del marco jurídico; en pocas palabras, un abogado de la república, ni más ni menos.