La empresa International Business and Trade LLC (IBT), de José Ramón Brea, a quien se le adjudicó el proyecto de construcción y equipamiento del Hospital Regional de San Miguel, se desvinculó de los supuestos actos de corrupción en el proceso que señaló el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y culpó a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) de las deficiencias en el hospital.
Las autoridades del Gobierno han manifestado que el acuerdo internacional, supuestamente ilegal, firmado por el exdirector del ISSS Ricardo Cea y la Unops fue un mecanismo para evadir el control y favorecer a IBT mediante licitaciones «amañadas».
Sin embargo, representantes de IBT se desvincularon de las acusaciones y aseguraron que fueron contratados por Unops «después de haber pasado previamente por un proceso de licitación internacional para ejecutar las obras de construcción del centro médico».
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La directora del ISSS, Mónica Ayala, reveló que la Unops llevó a cabo la licitación del proyecto en agosto de 2016. Veintinueve empresas retiraron las bases, pero solo IBT ofertó. Para las autoridades, esto es parte de las irregularidades del proceso.
«Al momento de adquirir las bases, en ese tiempo desconocíamos quiénes y cuántas eran las otras empresas interesadas en la licitación, pero sí sabíamos que había más empresas, porque varias de ellas formularon preguntas y solicitudes de aclaración que fueron respondidas por Unops», se defendió el grupo de IBT ante dicho señalamiento.
«Nosotros siempre confiamos en la limpieza y trasparencia del proceso, y solo en el día de la presentación de ofertas y apertura es que conocimos que éramos los únicos que habíamos presentado una propuesta», expresaron.
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Según la directora del ISSS, han encontrado 824 deficiencias en la obra; entre ellas, tuberías sobre quirófanos, paredes deficientes y motores de aires acondicionados cercanos a las áreas de cuidados intensivos.
IBT reconoce que hubo algunas deficiencias en el diseño: «El diseño técnico completo fue proporcionado por la Unops. Entendemos que el diseño había sido contratado previamente por el ISSS, y, a su vez, el ISSS contrató a la Unops para que esta hiciera las revisiones y correcciones necesarias. IBT se ha limitado a ejecutar la obra descrita en el diseño tal cual nos lo proporcionó la Unops, aunque IBT siempre advirtió a la Unops y al ISSS de los fallos y deficiencias encontrados en los diseños, y se solicitó su corrección o indicaciones para proceder a la construcción», mencionaron.
Representantes de la Unops dijeron que «los procesos de adquisiciones son revisados y aprobados por diferentes instancias, comités de expertos interdisciplinarios y delegaciones de autoridad correspondientes».
El hospital tuvo un costo de $59.6 millones. Autoridades de IBT dicen que la Unops solicitó otros trabajos, por lo que la deuda fue creciendo, y, hasta la fecha, exigen un pago pendiente de $2 millones.
Empresa salpicada por corrupción
Extorsión y fraude son algunos de los delitos por los que ha sido señalada IBT, una empresa transnacional que se define como especialista en el desarrollo de proyectos de infraestructura, energía, agua y salud, pero que también tiene un largo camino bajo acusaciones de irregularidades e incumplimientos de obras.
Uno de los casos en los que dicha empresa se vio involucrada fue con el proyecto Petrocaribe, alianza petrolera de algunos países del Caribe con Venezuela y en la que millones de dólares fueron malversados. En 2010, la Fiscalía de Haití congeló las cuentas bancarias de IBT por incumplimientos de varias obras que hasta 2018 aún no habían sido terminadas, y en Panamá IBT adjudicó contratos por más de $425 millones y que superaron los $500 millones en adendas. Ahí dejaron inconclusas algunas obras, por lo que fueron expulsados en 2010, según medios de ese país. La empresa asegura que tiene un código ético estricto: «Cumplimos escrupulosamente y rechazamos rotundamente cualquier acto o señalamiento de corrupción».
Por otro lado, la empresa de José Ramón Brea se ha vinculado con el español Joaquín Alviz, personaje que en los años noventa fue acusado por el supuesto pago de sobornos a cuatro funcionarios de la ANDA en el gobierno de Francisco Flores, incluido el entonces presidente de la autónoma, Carlos Perla. De acuerdo con la Fiscalía, Alviz y Perla se lucraron fraudulentamente con el proyecto Río Lempa II. En 2008, Alviz firmó el contrato con Perla para llevar a cabo la obra por $30 millones, sin dejar constancia oficial a la siguiente administración de la ANDA, lo que complicó las investigaciones.
