Una de las tareas más urgentes de cualquier Gobierno es procurar que los recursos públicos se administren bien, que se usen para lo que están destinados de manera eficiente y efectiva. Sin embargo, para tener dinero público es necesario que las contribuciones de los ciudadanos y de las empresas lleguen a las arcas estatales. No se pueden hacer planes sobre un estimado de ingresos que no se logra completar porque hay personas o empresas que, sencillamente, deciden no cumplir con sus obligaciones. En este caso, procede que el Estado ejerza su poder para recuperar los recursos establecidos en la ley.
Lo que históricamente ocurrió en El Salvador durante los gobiernos de ARENA y del FMLN fue la aprobación de una serie de exenciones de impuestos no para generar desarrollo y mejorar la economía de las comunidades al atraer inversiones extranjeras, sino que exclusivamente para beneficiar a los amigos, a los financistas o a cualquiera que pagara el soborno al funcionario de turno. De ese modo, millones de dólares jamás llegaron a las cuentas públicas porque se quedaron en los bolsillos de funcionarios corruptos o de inconscientes que pusieron primero su codicia antes que sus obligaciones ciudadanas.
Además de los perdones «legales» que aprobaban ARENA-FMLN, tampoco en esos gobiernos hubo ningún interés por buscar los fondos que no declaraban o que evadían grandes empresas y supuestos hombres de negocios «honestos». Nunca les dieron herramientas suficientes a las instituciones para que hicieran su trabajo y los funcionarios a cargo tampoco se interesaron por cumplir con lo que las leyes demandan. Por esta razón, millones de dólares jamás estuvieron disponibles para reparar escuelas, construir nuevas calles, comprar medicinas o contratar más médicos y policías.
En el trabajo del Gobierno del presidente Nayib Bukele hay decisión y valentía para recuperar los millones que no han llegado al Estado. Desde octubre de 2019 hasta la fecha, el Ministerio de Hacienda ha interpuesto 157 avisos por evasión fiscal como parte del Plan Antievasión para recuperar más de $670 millones. Las investigaciones continúan y cada semana se presentan nuevos casos ante la Fiscalía General de la República, varios han llegado hasta los tribunales y se ha trabajado para que el Estado reciba lo que corresponde.
Solo en la medida en que haya funcionarios independientes de los poderes fácticos y económicos es posible una justicia sin sesgos y a favor de los intereses del pueblo salvadoreño.