Desde que finalizó el conflicto armado en nuestro país, en 1992, se viene gestando una serie de cuerpos de ley tendientes a proteger los intereses de los menores de edad, lo cual es loable, para evitar todo tipo de abusos que en otro momento se suscitaron. Para poder tener conciencia de ese fenómeno hay que recurrir a la historia, la cual no miente, tampoco engaña; en ese sentido conviene establecer una línea de tiempo, y es que en 1989 —en pleno período de cambios políticos y económicos a escala mundial— la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. A lo largo de 54 artículos el documento establece los derechos económicos, sociales y culturales de los niños. Este tratado se aprobó de manera expedita.
Es importante también recordar que, en 1979, la ONU lo proclamó como el Año Internacional del Niño. Durante ese año tuvo lugar un verdadero cambio de espíritu, ya que Polonia propuso crear un grupo de trabajo dentro de la comisión de los derechos humanos que se encargaría de redactar una carta internacional, acción que se operativizó 10 años después, como lo exponía anteriormente.
La situación en El Salvador debió dar un giro en favor de los derechos de los niños, pues era la época en la que se vulneraron dichos derechos, pues el primer violador fue el FMLN en pleno conflicto armado, al reclutar a niños de ambos sexos para utilizarlos como combatientes, robándoles a su vez su inocencia y ser tratados como uno más. Fueron conocidos como Samuelitos, pero fueron ellos (FMLN) quienes ya convertidos en partido político impulsaron la conocida y ya derogada Ley Lepina; y son ellos los que tergiversan nuestro lenguaje, incorporando «los niños y las niñas», «ellos y ellas», lenguaje que de manera hipócrita pretende reivindicar derechos de los niños, cuando fueron ellos los que los violentaron y a la vez les arrebataron su libertad, su familia, su nombre, su acceso a la educación y su inocencia.
Recuerdo que, habiendo sido parte de la comisión de familia, mujer y niñez en los períodos legislativos 2006-2009 y 2009-2012, diputados de ARENA y FMLN se ponían de acuerdo para supuestamente reivindicar los derechos de los niños salvadoreños. Nada más hipócrita que eso no se puede, pues ARENA, siendo gobierno en esa época, no pudo desarrollar un currículo en el ámbito educativo que nos hubiese colocado como país en vías de desarrollo; igual que el FMLN no logró acertar con su programa social educativo Vamos a la Escuela, no logró tan siquiera honrar su compromiso de asignar una computadora por niño, tal como lo expresaba su propaganda gubernamental, acción que sí fue operativizada por el Gobierno del presidente Bukele, aun en medio de una pandemia, con la férrea oposición de la Asamblea legislativa anterior, con los férreos ataques de agentes extranjeros y con una crisis económica mundial; aún así, se han dado pasos agigantados en el ámbito educativo, y específicamente en lo relativo a los derechos de nuestros niños, considerándose a estos hasta llegar a los 18 años.
El Gobierno del presidente Bukele y su esposa Gabriela Rodríguez de Bukele, congruentes con reivindicar los derechos de nuestros niños y adolescentes, solicitaron a la nueva Asamblea la aprobación del decreto 431, el cual contiene la Ley Crecer Juntos, que a su vez deroga la anterior Ley Lepina, incorporando 15 artículos tendientes a salvaguardar áreas que la Lepina no consideró.
