Durante más de 10 años, Julian Assange logró evadir la orden de captura del Gobierno de Estados Unidos refugiándose en la embajada de Ecuador en Londres. A Estados Unidos no le cayó en gracia que el australiano divulgara a través de WikiLeaks cientos de miles de documentos gubernamentales que demostraban cosas tan graves como las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por tropas estadounidenses en Irak y Afganistán.
Entre los 700,000 documentos que Assange ayudó a divulgar está un video que muestra a civiles, incluidos dos periodistas de la agencia británica de noticias Reuters, muertos por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak en julio de 2007. El Reino Unido acaba de dar un paso más en la dirección a entregar a Assange a Washington para que sea juzgado por traición. Los delitos por los que se le acusa podrían sumar hasta 175 años de cárcel, en lo que puede calificarse como un peligroso ataque contra la libertad de prensa. La postura oficial estadounidense es que Assange no es periodista, sino un «pirata informático».
El volumen y la importancia de la información divulgada por Assange sacudieron no solo a Estados Unidos, sino a muchos países, pues los documentos se convirtieron en una fuente de múltiples reportajes e investigaciones periodísticas alrededor del planeta.
Sin embargo, esta noticia de trascendencia mundial por su peligrosa implicación contra la libertad a ser informado pasó prácticamente desapercibida en los órganos de propaganda de la oposición salvadoreña, que prefirieron, en cambio, hacer grandes despliegues de una solicitud para declarar inconstitucional las reformas legales que ayudan a combatir a las pandillas, bajo el argumento de que llevan implícita una censura.
Sin embargo, lo que la Asamblea Legislativa aprobó fue la prohibición de exaltar a las pandillas (sus prácticas, símbolos y sus comunicados), organizaciones criminales que desde hace varios años han sido calificadas como terroristas por la Corte Suprema de Justicia.
De ninguna manera se impide informar sobre las detenciones de pandilleros o los delitos que cometen. Lo que no es válido, aquí ni en ningún lugar del mundo, es que medios de comunicación sean los portavoces de grupos criminales, porque con ello se les daría legitimidad y se normalizaría su presencia en la sociedad, cuando lo que se busca es erradicar el delito.
Solo los aliados de organizaciones terroristas podrían sentirse amenazados por disposiciones como estas, que para el resto de la sociedad son pasos naturales para lograr la seguridad y tranquilidad de la nación.
