La guerra contra las pandillas emprendida por el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha enviado a prisión a más de 48,000 integrantes o colaboradores de estos grupos criminales y ha llevado al país a mejorar considerablemente sus niveles de seguridad.
Este martes, por ejemplo, no se reportaron homicidios en todo el territorio nacional, con lo que se sumaron 170 jornadas sin asesinatos en lo que va de la administración del presidente Bukele, un hecho inédito y que no tiene ninguna comparación con las matanzas que a diario sucedían en los gobiernos de ARENA-FMLN, que llevaron a que El Salvador fuera el país más violento del mundo, con más asesinatos que los países que enfrentaban conflictos armados.
Miles de vidas de salvadoreños se han salvado al mandar a la cárcel a los criminales. Son miles de familias las que no han tenido que sufrir la muerte de un pariente, de un hijo, de un tío o de una madre. Son millones de dólares que los comerciantes han ganado honradamente y que no han sido desviados para aumentar la riqueza de las mafias criminales.
Lo dice claramente la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES): las extorsiones han caído hasta en un 80 %. Y todo esto es gracias a la efectividad del Plan Control Territorial en conjunto con las medidas especiales aprobadas en el régimen de excepción. Los ciudadanos honrados están plenamente satisfechos con la mejora sustancial en seguridad pública, con la tranquilidad que ahora gozan en sus hogares y barrios.
Sin embargo, pequeños grupos de oposición se han dedicado a salir en defensa de los victimarios, de los asesinos y extorsionistas. Alegan vulneración de sus derechos humanos al enviarlos a la cárcel cuando esta medida es la responsable de miles de vidas salvadas de la delincuencia.
El Gobierno ha decidido, de manera contundente, ponerse del lado de las víctimas. De acuerdo con los registros del Ministerio de Seguridad, en los 30 años de los gobiernos de ARENA y del FMLN, 125,000 familias salvadoreñas perdieron a un ser querido de manos de los integrantes de las estructuras criminales. ¿Cómo alguien en su sano juicio estaría en contra de encerrar a los responsables de tanta muerte?
No hay explicación que valga para justificar que un asesino salga de la cárcel y tenga la oportunidad de matar a un joven que no quiera integrarse a la pandilla o a una vendedora que no quiera pagar la extorsión.