Sin lugar a duda, el tema convoca muchas reflexiones, principalmente si vamos a referirnos al desarrollo de la Política Criminal en El Salvador. La razón es simple, uno de los temas poco estudiados con la seriedad que debiera haberse hecho ha sido el atingente a la Política Criminal: en nuestro medio se ha hablado de Política Económica, de Salud, Educativa y Agraria, entre otras; pero el abordaje de la Política Criminal ha sido exiguo, incluso en las universidades, que es donde debió haberse iniciado una discusión científica sobre el tema.
La Política Criminal es parte de la política general del Estado, ocupándose, según Claus Roxin, de dar respuesta a la pregunta: ¿cómo debe procederse con las personas que han infringido las reglas básicas de la convivencia social dañando o poniendo en peligro a los individuos y a la sociedad?
Según la respuesta que se dé al interrogante planteado, así será el modelo de Derecho Penal que se va a implementar en la sociedad y así serán las medidas que el Estado ejecute para mantener controlada la delincuencia. Estas reflexiones, desde luego, nos convocan a meditar sobre qué se ha hecho en el pasado y qué se está haciendo en el presente para que la convivencia entre los salvadoreños sea más pacífica.
Me apoyaré en una publicación, fruto de un seminario realizado en homenaje al profesor italiano Alessandro Baratta, titulado «El Fracaso de la Política Criminal Oficial». No cabe duda de que si vemos en retrospectiva las medidas político-criminales adoptadas en nuestro país en las últimas décadas, mediante las cuales se propendía a ejercer control sobre la delincuencia, no solo fracasaron, sino que se presume que fueron el caldo de cultivo para que esta se incrementara. No solo bastaba que se reformaran las leyes penales, incrementando las penas de algunos delitos, o que se crearan nuevos tribunales bajo la rúbrica de especializados, sino que las decisiones legislativas debían haber sido acompañadas de medidas de otra índole que involucraran a la colectividad.
El momento actual permite hacer una evaluación en las postrimerías del año 2020; que será recordado por todo lo vivido en el contexto de una pandemia sin precedentes. Cualquiera habría pensado que los índices delincuenciales se incrementarían exponencialmente, sin embargo, el desafío político-criminal ha sido superado, por cuanto las cifras oficiales de la delincuencia se han visto reducidas con las medidas de Política Criminal desarrolladas por las principales instancias del sistema penal, no solo las del sistema penal formal, sino las emanadas de las instancias informales.
De ahí que estemos en un momento propicio para llevar a cabo un proceso de evaluación de las normas penales vigentes y de las medidas político-criminales adoptadas hasta este momento, sin descartar la idea de mejorarlas desarrollando no solo la Política Criminal oficial, sino combinándola con mecanismos alternativos que involucren a la sociedad.
La revisión de las normas penales vigentes va a permitir detectar si tales normas sirven para lo que fueron dictadas, para otros fines o no sirven para nada; la revisión de las medidas político-criminales permitirá advertir si estas han dado los frutos esperados, si deben continuar en el rumbo trazado o deben ser mejoradas, solo esto demostrará que los resultados hasta hoy obtenidos no son simbólicos.
