El viejo sistema político busca defenderse para perpetuarse y así continuar con la dinámica de saqueo de las finanzas públicas, ante la llegada de una nueva Asamblea Legislativa que ha iniciado la transformación deseada desde hace décadas. De ese modo, se ve a los antiguos adversarios y enemigos jurados a muerte durante el conflicto armado aparecer juntos prometiendo «derrocar al dictador», a pesar de que una inmensa mayoría de salvadoreños votó no solo para que Nayib Bukele fuera el presidente de la república, sino también para que Nuevas Ideas lograra el hito de ser el primer partido en ganar 56 escaños de 84 posibles en comicios libres y directos.
Este mandato contundente de la ciudadanía es más que suficiente para aprobar leyes y reformar otras vigentes, además de aprobar préstamos y elegir o destituir a funcionarios de segundo grado, como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el procurador general, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y otros que solo requieren de 43 votos, como los magistrados de la Corte de Cuentas.
Organizaciones que han trabajado como activistas de los partidos políticos tradicionales ahora intentan hacerse pasar como «la sociedad civil» para «demandar» cambios que se deciden, precisamente, en la Asamblea Legislativa. El ordenamiento constitucional establece que son los diputados los que hacen estos cambios, y no por presiones que surjan de disconformes que responden a intereses particulares —los autodenominados «tanques de pensamiento», fundaciones o instituciones que hacen una sopa de letras cada vez que convocan para leer un comunicado en el que, milagrosamente, coinciden ARENA y el FMLN—, sino por las demandas de los verdaderos ciudadanos.
Las transformaciones que El Salvador necesita son una deuda pendiente desde hace más de 30 años. Han sido promesas de campaña repetidas una tras otra elección. Nunca hemos visto un interés por romper el «statu quo». Por el contrario: incluso los Acuerdos de Paz solo fueron la expresión de una alianza entre dos rivales para buscar beneficios mutuos, pero no tocaron el orden económico ni resolvieron las grandes diferencias estructurales que había en la sociedad salvadoreña.
Ahora estamos ante una nueva correlación política en la Asamblea Legislativa, con los eternos negociantes relegados a la irrelevancia. Las condiciones se están dando para transformar el sistema y enrumbarlo hacia los intereses de la sociedad.
El Salvador solo tendrá un desarrollo dedicado a todos los ciudadanos —y no a unos cuantos grupos económicos— con instituciones fuertes y desvinculadas de las ataduras de los partidos tradicionales.