La Sala de lo Constitucional admitió el trámite de controversia promovido por el Presidente de la República, Nayib Bukele, y la Asamblea Legislativa respecto a la inconstitucionalidad del Decreto 782 con el que se reformó la Ley del Presupuesto General vigente y que contiene la incorporación de ingresos por $354 millones, unos fondos que ya habían sido asignados previamente.
El mandatario vetó ese decreto, pero la Asamblea Legislativa lo superó. Con ello, los legisladores ratificaron que los $354 millones se destinarían de la siguiente forma: 50 millones para Fomilenio II, $288 millones para el pago del Fodes atrasado a las alcaldías, y $16 millones para pensión de los veteranos de guerra que cubre hasta este mes, a pesar que ya esos fondos habían sido utilizados para el combate de la pandemia.
Al someter el presidente Bukele a controversia, se deberá establecer si los diputados, con el decreto 782, «transgrede el principio de en la actuación de la administración pública, en el sentido que la Asamblea introdujo reformas al presupuesto general vigente con el decreto vetado de manera inconsulta con el Órgano Ejecutivo en el ramo de hacienda, a quien por atribución constitucional le corresponde dirigir las finanzas públicas», expuso la Sala.
La Sala también dio un plazo de 10 días al presidente Bukele, para que exponga las razones que justifican el veto; y 10 días a la Asamblea Legislativa para que justifique la ratificación del decreto