En la vista pública contra el empresario Miguel Menéndez Avelar, mejor conocido como «Mecafé», testigos que declararon este lunes, continuaron revelando información sobre las irregularidades en la adjudicación del proyecto del Puente San Isidro y el avión que, según la Fiscalía, recibió como dádiva de una empresa guatemalteca a cambio del otorgamiento de la obra.
El testigo con régimen de protección «Wolworin» confirmó ante los jueces que en el avión Beechcraft King Air 90- TG ADL propiedad de «Mecafé» viajaba el empresario junto al expresidente Funes.
A pregunta de uno de los fiscales «Wolworin» respondió que entre los años 2013 y 2014 Funes y su amigo «Mecafé» hicieron seis viajes. La primera semana de marzo de 2013, volaron hacia San José Costa Rica desde el aeropuerto de Ilopango.
La segunda semana de mayo del mismo año se fueron a Managua, Nicaragua; y en el tercer vuelo realizado la última semana del mismo mes volaron hacia Miami, Estados Unidos.
Un cuarto viaje a bordo del avión que les regalaron a ambos, fue hacia Panamá, a finales de septiembre de 2014, para finales de octubre de ese año volvieron a volar hacia Miami y un sexto viaje oficial lo hicieron a Guatemala.
El testigo confirmó que cuando se trataba de vuelos oficiales, era Menéndez Avelar quien tramitaba todo los permisos pues tenía muy buenos contactos y cuando era un vuelo normal, el piloto se encargaba de tramitar toda la documentación.
Además, el combustible era cargado a una cuenta que «Mecafé» tenía a su nombre y que como propietario del avión avaló que se arrendara a cuatro empresas. El avión se alquilaba por un precio de $300 por hora.
El ministerio público también presentó el testimonio de una consultora que hizo un estudio sobre la adjudicación de la construcción del puente San Isidro a la Fundación Nacional para el Desarrollo, entidad que publicó en su página web las irregularidades detectadas.
El análisis realizado detectó que la adjudicación del proyecto tenía deficiencias del personal técnico ya que no tenía idoneidad, que la obra estaba sumamente atrasada y que la empresa guatemalteca Servicios Calificados de la Construcción, S.A. (Serdelco S.A.), comenzó a realizar la obra sin recibir el 30% de anticipo que según la ley debe darse como capital de trabajo.