En el Gobierno del presidente Nayib Bukele se ha desarrollado una importante transformación en materia de seguridad ciudadana. El Salvador pasó de ser el país más violento del mundo —ominoso título «conquistado» durante las gestiones del FMLN, pero gestado con las administraciones de ARENA— a ser la nación más segura del continente.
Los indicadores de asesinatos por cada 100,000 habitantes (un parámetro internacional ampliamente aceptado) bajaron drásticamente una vez que el Plan Control Territorial, en combinación con el régimen de excepción, brindó resultados. Las pandillas, la mayor fuente de violencia homicida en el país, habían sido desarticuladas y sus integrantes y colaboradores (más de 74,000) fueron sacados de las calles y enviados a prisión.
Gracias a ello, la mayoría de los días de este año que está por terminar no reporta muertes violentas. Sin embargo, en las últimas horas hemos sido testigos de dos fenómenos muy importantes. En primer lugar, personas armadas y desequilibradas que atacan a conocidos. No se trata de actos premeditados, sino que han surgido, en el primer caso (que dejó saldo de cuatro fallecidos), al calor del consumo de alcohol y drogas, o por relaciones interpersonales no resueltas.
El segundo elemento importante es que en ambos casos los causantes de las muertes fueron ubicados inmediatamente por las autoridades de Seguridad Pública. En el primer caso se dio una persecución desde un barrio de San Salvador hasta las Fuentes Beethoven, donde la PNC interceptó y respondió la agresión contra el atacante, el cual resultó herido. En San Vicente, en cambio, al verse acorralado, el agresor optó por quitarse la vida.
Llama la atención que en ambos hechos estamos ante violencia social. No son delincuentes como tales que atacaron a sus víctimas para robarles o para exigirles una extorsión, sino por discusiones encendidas por bebidas embriagantes o por los celos mal canalizados del segundo caso.
Después de décadas de violencia, en la sociedad salvadoreña hay profundas cicatrices y situaciones que hay que atender más pronto que tarde. Ya el Gobierno del presidente Bukele ha hecho un amplio despliegue de policías y paramédicos que se encargan de examinar el consumo de alcohol de conductores de vehículos particulares, transporte público y de carga para reducir las posibilidades de muertes en las calles.
Para profundizar la paz y la tranquilidad que el Plan Control Territorial y el régimen de excepción han traído se vuelve necesario que todos aportemos desde nuestra realidad para desmontar ambientes violentos y para disfrutar las fiestas en familia, sin excesos que pongan la vida en riesgo.