Los empleados y funcionarios de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que son de la tercera edad y que desean retirarse de la institución podrán hacerlo, amparándose en el decreto transitorio aprobado por la Asamblea Legislativa, el cual otorga una compensación económica especial por retiro voluntario.
El decreto fue aprobado en la sesión plenaria con 62 votos a favor (de los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC) y cinco legisladores votaron abstención: dos de ARENA, dos del FMLN y uno de Nuestro Tiempo. El resto de los legisladores no votó.
Los legisladores que votaron favorable explicaron en sus intervenciones en el pleno legislativo que en la PDDH hay 133 adultos mayores, incluidos algunos que ya desean deponer sus cargos por diferentes circunstancias.
Dicho decreto tiene por objeto compensar económicamente a los empleados que han prestado sus servicios en cualquiera de las sedes o dependencias de la institución a escala nacional, durante un periodo mínimo de dos años consecutivos.
Para los legisladores este decreto permitirá el relevo generacional dentro de esa institución, que fue creada con la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, para tutelar los derechos humanos de los salvadoreños
Según el decreto, las personas interesadas en aplicar a esta medida deben presentar ante la institución su petición de renuncia con clara voluntad de acogerse a la compensación y tienen hasta el último día hábil de noviembre de este año para entregar la documentación requerida.
Si la solicitud cumple con los requisitos exigidos en este decreto, la PDDH procederá a notificar al funcionario o al empleado público la autorización de su petición antes de finalizar los primeros 30 días hábiles después de presentada su solicitud.
El artículo 4 de dicho decreto detalla que la compensación económica se calculará con base al último salario devengado y se pagará un salario del sector comercio y servicios por cada año laborado o fracción mayor a 6 meses de servicio en la PDDH, hasta un límite máximo de $25,000.00.
Durante la discusión del decreto en el pleno legislativo los diputados añadieron a la redacción que las personas que se acojan al retiro voluntario no podrán trabajar en instituciones del Gobierno con la modalidad de Ley de Salarios ni ser contratados durante los siguientes tres años a partir de su renuncia.
A esta disposición también puede acogerse cualquier funcionario o empleado de la PDDH, ya sea del área jurídica, técnica o administrativa, que a la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones haya obtenido su pensión por vejez y que aún se encuentran laborando en la PDDH.
