La Cámara Primero de lo Penal de San Salvador ha revocado, anulado y ordenado capturas en el proceso penal que se le sigue en el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador al expresidente de la Asamblea Legislativa, Othon Sigfrido Reyes Morales y otros 13 imputados, señalados por la Fiscalía General de la República de integrar una red que habría lavado $6 millones.
Los magistrados de la Cámara han anulado la detención que el Juzgado Décimo Primero de Paz giró a Earle René Reyes Morales y al empresario Byaron Enrique Larrazabal, hermano y principal socio de Sigfrido Reyes, se ha ordenado al Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador que realice una audiencia especial para que discuta las medidas a decretar para ambos procesados.
Los magistrados han revocado las medidas impuestas a Kevin Mauricio Larrazábal Morales, hijo del empresario Byaron Enrique Larrazabal y a Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero de la MS, Moris Alexander Bercián, alias el «El Barney» y ordena que sean detenidos.
Los magistrados también han impuesto medidas para René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez Jenny Elibeth Guadalupe Medina de Ramírez, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz de Hernández. Los cinco acusados de incumplimiento de deberes deberán presentarse a firmar cada 15 días al Juzgado Sexto de Instrucción, no salir del país, entregar su pasaporte al juez Roberto Arévalo Ortuño, pagar una fianza de $20,000 en un plazo de 15 días, cuando enfrentaron la audiencia inicial no se les impuso ninguna medida.
En el caso de Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, quien ya tenía medidas alternas a la detención, los magistrados le han adicionado la obligación de pagar también una fianza de $20,000.
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Con respecto a Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, esposa de Sigfrido Reyes y Sonia Inés Morales Rivas, esposa de Larrazábal, la Cámara les mantiene las medidas y la fianza que pagaron por $20,000.
Otro de los puntos resueltos por los magistrados, consisten en confirmar la resolución que había declarado sin lugar la pretensión de la defensa de dos imputadas que había planteado la prescripción de la acción penal, el tribunal superior ha dicho que el caso debe seguir porque no existe ninguna prescripción.
Y por último se revoca la resolución que el Juzgado había emitido a favor de René Antonio Díaz Argueta y Jenny Elibeth Guadalupe Medina de Ramírez, en la cual el delito de incumplimiento de deberes desaparecía y era absorbido por estafa agravada, según la resolución el exgerente y la exempleada del del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) deben enfrentar los delitos de manera separada.
El próximo lunes el juez Roberto Arévalo Ortuño, confirmó que definirá la fecha para realizar la audiencia especial que ordena la Cámara Primero de lo Penal.
