Las últimas reformas al Código Penal y a la ley de proscripción de pandillas tuvieron los efectos previstos.
Por un lado, incrementaron las capturas de los terroristas que mantenían amedrentada a la población desde el caserío más humilde hasta la capital, y que se movían libremente gracias a las blandengues leyes heredadas por ARENA y el FMLN, o a sus amigos jueces en tribunales. Muchos pandilleros procesados, con esposas en manos y/o pies, se burlaban públicamente de la justicia.
Por otro lado, lo que se esperaba de la oposición draconiana, que se ha opuesto a cuanta iniciativa o plan impulsa el Ejecutivo desde que está en manos de Nayib Bukele. Basta recordar el bloqueo de la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial en los primeros dos años de administración gubernamental, pero a esto, el entrampamiento, lo llamaban algunos el balance de poderes. Esta oposición volvió a unificar su discurso de ataque a las iniciativas del Gobierno aprobadas por los diputados para hacerle frente a las pandillas que quisieron, como en décadas anteriores, volver a medir fuerzas a través de su única arma contra el poder democrático y la población: el miedo a través de las amenazas y los asesinatos.
A estas alturas la oposición política-social se puede identificar claramente: partidos tradicionales que anhelan retornar al poder para volver a beneficiar a sus padrinos, financistas nacionales e internacionales de estos últimos y de ONG locales que levantan la misma bandera, medios de comunicación tradicionales vinculados con la burguesía, medios no tradicionales que han sacado lucro del tema pandillas-crimen organizado, organismos internacionales que desde su fundación han manejado el discurso de libertades y democracia siguiendo una agenda con propósitos mezquinos, los gobiernos afines a su discurso, entre otros.
Esta oposición ha cerrado filas de nuevo para argumentar y tratar de convencer sobre la supuesta amenaza a la libertad de prensa que las reformas provocan y la violación a los derechos humanos de los pandilleros que han cometido asesinatos macabros, desaparecido a miles de salvadoreños, exigido dinero tanto a la señora del canasto como a las grandes empresas, quemado a inocentes, que han pactado con gobiernos a cambio de apoyo electoral y burlado a la justicia. Es una carta que siempre tienen a mano y, con el apoyo de organismos internacionales, ejercen presión política social. Buscan convencer a los salvadoreños (porque si no, ¿a quién más?) de que el país es gobernado por un dictador como Nicolás Maduro en Venezuela (que, por cierto, ha sido buscado por Estados Unidos para hacer negocios).
En ese afán de crear similitudes afirman que las reformas contienen una palabra que también Maduro ha usado en sus iniciativas: zozobra. Bajo esta premisa, todo aquel que promueva un cambio que contenga la palabra zozobra se encamina a crear una dictadura. ¿Cuántas propuestas de reforma en el mundo tendrán la palabra zozobra implícita? Su planteamiento es un sinsentido, pero como si lo dice algún representante de organismo internacional, es como si lo expresara un enviado del cielo y lo repiten a coro.
Su «indignación» es tal que uno de esos integrantes de la oposición políticasocial prefirió no sacar portada de su periódico digital por un día. Una de las reacciones en Twitter a esta decisión decía: Ojalá se queden así.
Censura y zozobra van de la mano estos días en muchos discursos. Era previsible. Pero siguen haciendo uso de la libertad de prensa y expresión, añorando la apología del delito para defender a criminales o ganar dinero a su costa, y con el estribillo de que el país se encamina a ser otra Venezuela.
Son cartas desgastadas que la gran mayoría de la población salvadoreña ya no quiere ni regaladas, mucho menos comprar.
