La reacción de un gobierno ante un desastre natural se da en varios momentos, desde la previsión de las acciones que se tomarán como preparativos —tanto para evitar tragedias humanas, es decir, evacuaciones de la población y resguardo en albergues, como medidas de mitigación, ya sean obras físicas o medidas fiscales o administrativas para contener los daños—, las acciones que se toman en medio del fenómeno —rescates, intervenciones en las zonas afectadas y la vigilancia del desarrollo del desastre— y, finalmente, la reconstrucción y reparación, que incluye la restauración de servicios de agua, electricidad o carreteras y el eventual regreso de los evacuados.
En tiempos normales, con lluvias moderadas, los niveles de alerta siempre se mantienen. Sin embargo, cuando una sola lluvia deposita en menos de una hora el 5 % de las lluvias anuales que recibe el país en una pequeña porción del territorio nacional —la zona metropolitana, que es la más densamente poblada del país—, cualquier preparativo queda sobrepasado por la furia de la naturaleza.
Ante ello, el compromiso del Gobierno del presidente Nayib Bukele ha sido resguardar la vida de los salvadoreños bajo cualquier costo. Por eso se solicitó el decreto de estado de emergencia para enfrentar de la mejor manera los retos que un huracán atípico (originado en el Atlántico, pero que siguió activo en el Pacífico tras atravesar el territorio continental centroamericano) causó en el país.
Los daños se magnifican porque a pesar de los esfuerzos de recuperación de la red pública de escuelas y hospitales que ha hecho el Gobierno del presidente Bukele en los últimos tres años, el estado de abandono ha sido tal que las lluvias lo dejan al desnudo.
Durante décadas, ARENA y el FMLN no le dieron el mantenimiento necesario al hospital Rosales, por ejemplo, pero ahora se rasgan las vestiduras porque en tres años no se reparó el daño que ellos causaron en 30 de malas administraciones.
En lugar de reconocer su culpa en la desgracia, ARENA, el FMLN y sus satélites de VAMOS y Nuestro Tiempo prefirieron darle la espalda al pueblo y no apoyar el decreto de estado de emergencia para reconstruir el país tras el paso de las torrenciales lluvias.
Es urgente garantizar que las instituciones gubernamentales estén preparadas para reaccionar a las desgracias, pero también para que existan los recursos para reconstruir los daños. La mezquindad queda de manifiesto cuando antes de apoyar a las víctimas se hacen cálculos políticos para tratar de afectar al Gobierno, a pesar de que en realidad solo dañan a los ciudadanos.