Mauricio Ramos, director ejecutivo de Millicom International Cellular —compañía transnacional con sede en Luxemburgo, con 30 millones de usuarios repartidos en 30 países de Latinoamérica, Asia y África y de propiedad compartida entre suecos, alemanes y colombianos—, vino de visita a El Salvador para inaugurar parte de la inversión de $500 millones para ampliar la red telefónica y de internet.
En compañía de autoridades del Gobierno del presidente Nayib Bukele, inauguró una antena de cobertura móvil LTE 4.5G en el cantón El Pedregal, en El Rosario, municipio de La Paz, con el cual se beneficiará, a través de Tigo El Salvador, con transmisión de alta velocidad a 3,000 personas. Entre los beneficiados están los 500 alumnos de una escuela, cuatro iglesias, tiendas y otros negocios, quienes utilizarán la red de telefonía y transmisión de datos para educación y hacer mover la economía local.
No se trata exclusivamente de un logro empresarial que demuestra la confianza del sector privado en el Gobierno del presidente Bukele, sino que también refleja el grado de comprensión que existe en el Ejecutivo para que las empresas se desarrollen de manera libre, sin las ataduras de penosos trámites burocráticos o los bloqueos a sus planes de expansión.
Esta millonaria inversión que Millicom ejecuta por medio de Tigo es gracias a que, en noviembre de 2019, el año en el que Bukele asumió la presidencia, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) lanzó la subasta pública de un tramo del espectro radioeléctrico necesario para la expansión de operaciones y que los gobiernos anteriores de ARENA y del FMLN se negaron a poner a competir, lo que supuso la operación con menos recursos frente a operadores de la región centroamericana. En esos años, El Salvador pasó de tener la mejor cobertura de telefonía celular a quedarse a la zaga, no por falta de capacidad empresarial y operativa de las telefónicas locales, sino por la falta de visión de los que decidían, ya sea por ignorancia y falta de eficiencia o porque adrede preparaban el terreno para la llegada de un nuevo actor, al que le darían todas las facilidades gracias a acuerdos bajo la mesa.
Lo cierto ahora es que, además de apoyar la iniciativa privada, el Gobierno también trabaja para facilitar los trámites y, gracias al Plan Control Territorial y al régimen de excepción, El Salvador es un lugar más seguro no solo para vivir y desarrollarse, sino también para invertir. Los empresarios lo saben y tienen confianza.