Las autoridades de la Universidad de El Salvador (UES) han concebido el estribillo de hablar de crisis institucional. Se afanan en convencernos de que le falta presupuesto y que está al borde de la bancarrota. Pero no entienden que la crisis es el resultado de haber dado la espalda al pueblo, con ese proceder reiterado y afanoso en obstruir el progreso, con sus decisiones caprichosas marcadas por amaños en la gestión institucional y la vocación por el atraso.
La decisión de mantenerse en el atraso es la política real y no escrita de la gestión institucional en crisis. Esta decisión colectiva se refuerza por la disfuncionalidad de la evaluación del desempeño, un escalafón inoperante, amaños en las contrataciones y promociones laborales, oposición a la actualización de la normativa universitaria, reparto de sobresueldos injustificados, abuso del poder y la carencia de un sistema de capacitación obligatorio y permanente del personal.
El presupuesto es la excusa favorita para cuestionar a los gobiernos de turno y justificar el atraso institucional desde hace décadas. Pareciera que la crisis marcada por el atraso institucional es el resultado de lo que suelen llamar «estrangulación presupuestaria», pero en realidad solo es una excusa para ocultar las causas de la decadencia institucional, pues por más aumentos presupuestarios que se ha otorgado a la UES desde los Acuerdos de Paz no han servido para que se actualice la planta docente, se cumpla con la obligación de actualizar la normativa universitaria y se apliquen los estándares de la adecuada gestión documental. Todavía hay planes de estudio del siglo pasado.
La crisis que adolece la UES está impulsada por el liderazgo de las autoridades universitarias. Este liderazgo, que desprecia la meritocracia, favorece el incumplimiento de obligaciones de los empleados, reparte promociones laborales con base en el clientelismo político, obstruye el relevo generacional, descuida el bienestar de los estudiantes al generar condiciones para el acoso y diversos atropellos a sus derechos; así es natural que, por más que las autoridades universitarias insistan con discursos engañosos desde los medios esperando el apoyo, la comunidad universitaria desconfíe de sus alegatos sobre el presupuesto y el pueblo ignore sus lamentos y quejas.
La crisis de la UES está sintetizada en el gobierno universitario disfuncional que se sustenta en una ley orgánica obsoleta. Este se forma de un archipiélago de diversos grupos de intereses, que desconocen las exigencias del pueblo. Estos grupos mezquinos mediante elecciones turbias toman el poder institucional para luego acomodar a sus allegados en puestos de jefaturas, aunque carezcan de méritos. Pasado el reparto de las jefaturas surgen las discrepancias y pelean por los huesos, así se vuelven el hazmerreír, pues ha sucedido que entre decanos y vicedecanos se la pasan peleando hasta que acaban su gestión, convirtiendo los órganos del gobierno universitarios en verdaderos cónclaves de la improductividad.
Limitar las transferencias de fondos a la UES fue un asunto que resonó durante la campaña electoral. Pero los ciudadanos terminaron votando en favor de la reelección presidencial y así legitimaron las decisiones del Gobierno. No es que al pueblo no le interese la educación, o que los más de 60,000 estudiantes y trabajadores de la UES sean enemigos de su universidad, sino que el pueblo ha entendido que la crisis institucional de la UES tiene otras causas y que las autoridades universitarias son las verdaderas responsables del problema, de quienes es prudente desconfiar y tomar medidas de control.