Han transcurrido dos años del desempeño de la Comisión de Modernización del Órgano Judicial, representada por los magistrados José Ángel Pérez Chacón (coordinador), Elsy Dueñas Lovos, Luis Javier Suárez Magaña, José Ernesto Clímaco Valiente y Paula Patricia Velásquez, los tres primeros de la Sala de lo Constitucional y dos de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. La referida comisión es la encargada de la identificación, el análisis y el diseño de las propuestas de políticas y proyectos de modernización de las áreas de trabajo del Órgano Judicial.
La Comisión de Modernización presentó su plan anual operativo, incorporando importantes acciones que coadyuvarán la mejora continua del sistema de administración de justicia, todo en consonancia con el Plan Estratégico Institucional. Cabe destacar la implementación de la firma electrónica certificada en el contexto de la ley Crecer Juntos, el avance en la implementación de la herramienta tecnológica Sistematización Digital del Despacho Judicial y otras acciones tecnológicas que facilitan el ejercicio de las funciones del personal administrativo y jurídico de la Corte en beneficio de los usuarios del sistema de justicia.
En ese enfoque, la comisión siempre ha sido respaldada por un equipo técnico administrativo y jurídico, que en marzo de este año presentó un informe sobre la situación actual de las instalaciones utilizadas por los juzgados, en el que analizó propuestas para buscar una pronta respuesta para mejorar las condiciones de trabajo de las diferentes jurisdicciones en todo el país. Dicha acción es aplaudida y respaldada por los jueces, es un avance muy importante para la administración de justicia.
La Corte Suprema de Justicia con el acompañamiento de la Comisión de Modernización, coordinada por José Ángel Pérez Chacón, magistrado de la Sala de lo Constitucional, aprobó el proyecto de la reforma de la Ley del Notariado, la cual busca implementar la primera fase del Protocolo Digital, un excelente referente que permitirá al notario enviar su libro de protocolo con firma electrónica para que la Sección de Notariado pueda expedir los testimonios de la misma forma. El proyecto fue presentado a la Asamblea Legislativa y es un éxito actualmente.
Debemos reconocer los aportes de este proyecto, en palabras de José Ernesto Clímaco Valiente, magistrado presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo y miembro de la Comisión de Modernización, quien elaboró con su equipo el proyecto y ha sido un referente de la modernización del sistema judicial, marcando la pauta del desafío más importante en la modernización y la digitalización de los despachos judiciales en los centros judiciales en todo el país.
Óscar Alberto López Jerez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó: «Espero que con esta reforma la Sección de Notariado cuente pronto con un sistema innovador, cuya finalidad sea la de agilizar los diferentes procesos notariales con el uso de las nuevas tecnologías, pero con niveles altos de seguridad jurídica e informática, transparentando aún más la función notarial». Es un hecho sin precedentes que se ha invertido tiempo y recursos hasta su culminación, muy loable para este servicio público a los notarios y los usuarios del sistema de justicia.
Hoy, en la culminación de 2023, y con un presupuesto general 2024 en la gestión de gastos e inversiones de la Corte Suprema de Justicia, el cual fue discutido y aprobado por la Corte Plena, se inicia una nueva etapa de un gobierno judicial comprometido con la administración de justicia, creando espacios de entendimiento con los operadores de justicia, empleados del Órgano Judicial, siendo un desafío implementar políticas de desarrollo digital de los despachos judiciales, acceso a la justicia a las personas más vulnerables, medios de comunicación y el control interno de su gestión de inversión en la infraestructura de los centros judiciales.
La Corte Suprema de Justicia inauguró el 21 de junio de 2021 el Centro Judicial de Segunda Instancia de San Salvador, que albergará 13 cámaras de lo Civil, Penal, Laboral, Familia, Tránsito, Menores, Lepina que antes estaban dispersas en San Salvador, en viviendas arrendadas. El nuevo recinto, que estuvo en construcción por casi una década, también albergará las oficinas de la Unidad Técnica Central, el Departamento de Prueba y Libertad Asistida (Depla), la Oficina de Custodia de Expedientes y la guardería para los hijos de los empleados de la Corte.
Según datos publicados en portales de Transparencia, la construcción del edificio tuvo un costo de $28,226,606.43, tiene siete niveles y está en la diagonal universitaria y 15.a avenida norte, en el Centro de Gobierno. Existe un esfuerzo de inversión en infraestructura, con la exigencia de que estos centros judiciales dispongan de las modernas tecnologías de la información, espacios más accesibles para el usuario y que los empleados puedan desarrollar sus labores en un ambiente más ordenado y seguro.
Hoy que analizamos en su contexto las inversiones y el enfoque de la modernización del sistema judicial debemos enfatizar en que el actual Centro Judicial Dr. David Rosales P., de San Miguel, ubicado en la 7.a calle poniente #701 bis, en la ciudad de San Miguel, tiene más de 60 años de fundación; es importante reflexionar que en su interior los tribunales y las oficinas administrativas se encuentran sin los espacios necesarios ante la demanda de la justicia. Esto implicará que si instalamos las nuevas tecnologías en un edificio muy antiguo, no será operativo para las exigencias de la modernización de los despachos digitales.
Nuestra preocupación no es que el servicio de justicia sea óptimo; aún en espacios antiguos se ha desarrollado muy bien el acceso a la justicia. Hoy nuestro compromiso es que exista una verdadera planificación de realizar la construcción de un edificio moderno en la ciudad más hermosa del país; ya han transcurrido muchos años y la justicia necesita un nuevo palacio; el antiguo Centro Judicial de San Miguel solamente tiene obras de restauración que datan de diciembre de 1999, durante la presidencia de la Corte Suprema de Justicia del doctor José Eduardo Tenorio; lo cual, si bien ayudó en la infraestructura, hoy, a finales de 2023, ya más de 24 años y en los albores de su fundación, es necesario tomar una decisión acertada desde el Gobierno Central y de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia para hacer realidad un edificio moderno que sea la joya del oriente del país, un palacio de justicia moderno y accesible.
Todos los jueces y los magistrados debemos tener una visión a futuro. El presente que nos ha tocado vivir es la generación de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y con enfoques de la digitalización de los despachos judiciales. Ese desafío es de todos y para ello es necesario tomar decisiones acertadas, para cumplir con nuestro mayor compromiso con la población que tenga un lugar donde se administra justicia pronta y cumplida; y desde la función del juez o magistrado el tener los recursos para desarrollar mejor su función. Con ello dignificamos a todos los jueces de nuestro país.
Para concluir, el juez o la jueza no podrá desarrollar su función sin los recursos mínimos para ejecutar ese proceso de modernización, de manera independiente y en el contexto de una sociedad democrática y con los estándares internacionales de acceso a la justicia. Hoy se tiene la oportunidad de trascender en ser un referente de la justicia y de la implementación de la modernización en todo el país.